Más de un centenar de regantes pertenecientes a las comunidades de toda España se han reunido esta semana en Junta General Extraordinaria con el fin de analizar las últimas modificaciones propuestas en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y adoptar una postura unánime y unívoca de cara a su votación en el Pleno del Consejo que tendrá lugar después de Semana Santa, según indicaron fuentes de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore).

Entre los últimos gestos que los regantes han valorado positivamente destacan, por un lado, el aplazamiento hasta 2010 de la puesta en marcha de la denominada «tasa por prestación de servicios» y, por otro, la actualización de estos precios básicos de acuerdo con el IPC, frente a la potestad que se arrogaba el Gobierno de modificar los precios del agua periódicamente en los Presupuestos Generales del Estado. Asimismo, han acogido con satisfacción la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de retrasar el pleno con el fin de disponer de más tiempo para el estudio de las modificaciones.

Por el contrario, los artículos que siguen siendo motivo de preocupación entre los regantes y que podrían conducir a un voto no favorable en el Pleno del Consejo son la exclusión de su participación en el Comité de Autoridades Competentes y la aplicación indiscriminada de una política de precios al agua que pudiera conducir a la desaparición de la tercera parte del regadío español.

En este sentido, el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, insistió en que poner un precio al agua no es un mandato de la Directiva comunitaria, sino una actuación que, realizada de manera generalizada, supondría una pérdida de competitividad para la agricultura española, que ha de competir con otros países de Europa, donde sin necesidad de agua tienen iguales o superiores producciones.