La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó remitió ayer un nuevo informe – 600 páginas – sobre el proyecto, coordinado por el catedrático Antonio Gil Olcina y en el que han colaborado expertos de Alicante, Cartagena y Castellón, a Bruselas con el que solicitan que la UE reabra la investigación sobre el cambio del proyecto. El informe llegó por la tarde al despacho de Martin Libicki, presidente del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, quien fue el que, al cerrar la investigación en noviembre de 2006, reclamó más información al eurodiputado popular Carlos Iturgáiz, cuando éste le pidió retomar el asunto.
El informe de los usuarios insiste en que no había razones técnicas para cambiar el trazado y trasladar la toma del agua al Azud de la Marquesa y aboga por recuperar la opción de Cortes de Pallás o, en su defecto, captar el caudal en el Azud de Antella. La nueva ofensiva de la Junta Central llega después de que regantes y Ministerio de Medio Ambiente hayan roto todos los puentes de negociación tras negarse el Ministgerio a negociar, incluso, el proyecto desde Cullera. Los futuros usuarios reiteran que el caudal no es de calidad y que el proyecto no es viable económicamente, y así se lo han hecho saber al Comité de Peticiones.
Por otro lado, La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, intentó ayer salir al paso de las nuevas críticas que ha recibido el Gobierno desde la Comunidad Valenciana y Murcia por haber eliminado el trasvase del Ebro del PHN, coincidiendo con las sucesivas crecidas de caudal que sufre el río en las dos últimas semanas. «El Gobierno no ha derogado el PHN sino el trasvase del Ebro y, de la misma forma que Europa subvenciona ahora todas las obras que lo desarrollan no dio ni un euro para hacer aquella conducción, en la que solo encontró aspectos negativos», dijo ayer a Efe la ministra.
Narbona lamentó el «ejercicio de demagogia que está haciendo el PP una vez más» al afirmar que, como el Gobierno «ha derogado» el Plan Hidrológico Nacional , «no se han emprendido las actuaciones que hubieran prevenido las riadas» y que se está «desperdiciando» en el mar el agua que podrían aprovechar Murcia y la Comunidad Valenciana. «El Gobierno no ha derogado el plan, sino el trasvase», reiteró la ministra quien recordó que las obras del Pacto del Agua de Aragón, de 1992, «tienen un diseño que ha tenido que revisarse» y que durante los ocho años que gobernó el PP «no se realizó ni una sola» de las ejecuciones de ese Pacto.
El PP, precisó Narbona, «hace demagogia» pero además «está obstaculizando obras del Gobierno como la desalinizadora de Torrevieja, y ha habido que recurrir por ello al Tribunal Constitucional».
Por su parte, el secretario de Medio Ambiente del PSPV, Francesc Signes, señaló que el trasvase no hubiera estado a tiempo para aprovechar estas crecidas por las obras no hubieran terminado hasta 2010.