El anteproyecto de Ley de reforma de Aguas que el Ministerio de Medio Ambiente envió al Consejo Nacional del Agua hace dos semanas ha sufrido ya cambios relevantes. El Gobierno ha retrasado hasta 2010 el uso de la tasa universal sobre el agua y fija por ley que sólo subirá cada año la inflación, mientras que el anterior borrador dejaba abierta la posibilidad de subidas mayores. Además, limita los trasvases pactados entre cuencas a cinco hectómetros cúbicos cada vez, lo que restringe el intercambio de agua.
La reforma de la Ley de Aguas sigue sufriendo cambios. Se trata de una de las leyes más importantes que elabora desde hace años el Ministerio de Medio Ambiente y que tendrá que ser tramitada por la vía de urgencia. La ley reorganiza las confederaciones hidrográficas (que pasan a llamarse demarcaciones) para dar entrada a las comunidades autónomas.
El Gobierno especifica en este nuevo borrador, fechado el 29 de marzo, que el Gobierno mantendrá «el 51% del voto total ponderado» en el nuevo órgano de dirección de las demarcaciones; las comunidades autónomas tendrán «hasta el 45% del voto» y los ayuntamientos «hasta el 4%». El ministerio precisa así el porcentaje de voto, algo que no aparecía en el anterior borrador, aunque dejaba claro que la Administración central mantendría la mitad más de uno de los representantes.
El texto facilita también los acuerdos entre las demarcaciones para trasvasar agua, pero mientras el último texto no limitaba la cuantía, ahora dice que podrán acordar transferencias de agua de hasta cinco hectómetros. Con este cambio, el Gobierno evita críticas de sectores de Aragón y Castilla-La Mancha, que temían que por ahí se colasen trasvases hacia el Levante.
Costes reales
El último punto que cambia es el de los nuevos impuestos. El texto, que traspone la directiva marco del agua, apunta a que hay que pagar el precio del agua para que refleje los costes reales de las obras. Para ello, la norma crea una «tasa por prestación de servicios de gestión, registro, control e inspección de los usos del agua» de 0,2 euros por cada 1.000 metros cúbicos de agua para beber o para la producción de electricidad. La cantidad fijada era mínima, pero la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) protestó, ya que el texto dejaba abierta la puerta a subidas cada año. Ahora, tras la mediación del Ministerio de Agricultura, el texto retrasa hasta 2010 la implantación de las nuevas tasas y limita sus subidas a la inflación.
Medio Ambiente y Agricultura han chocado por este tema, y al final se ha impuesto la opinión de Agricultura de limitar las subidas de agua. En 2004, Medio Ambiente ya intentó crear un nuevo canon, pero Agricultura lo bloqueó en el último momento. El entonces secretario general de Agricultura y hoy secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, impuso el freno a estos impuestos.