Esta semana el conflicto entre la Generalitat y el Gobierno ha dado un paso más. El Tribunal Constitucional (TC) ha aceptado el conflicto positivo de competencias entablado por el Ejecutivo contra la decisión del Consell de paralizar las obras de construcción de una desalinizadora en Torrevieja en un parque natural.
El alto tribunal no se ha manifestado sobre el fondo del conflicto. Únicamente ha aceptado la petición del Gobierno, que se ha acogido a una prerrogativa especial para frenar la actuación de una comunidad autónoma. Ahora, el Constitucional ha proporcionado un plazo de tres semanas para que cada parte dé sus argumentos y tendrá que tomar una decisión en un periodo máximo de cinco meses.
La Generalitat lo tiene claro. Los servicios jurídicos del Consell trabajan ya para preparar una demanda civil y penal contra la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y contra todos aquellos que hayan contribuido a dañar el parque natural con las obras, un perjuicio que puede ser irreparable.
El Gobierno autonómico tomará esta iniciativa si el Tribunal Constitucional les da la razón, pero no descartan acometerla también si la decisión es contraria, ya que se trata de un posible delito contra el medio ambiente.
Argumentación
Los argumentos del Gobierno y la Generalitat son diferentes. El Ejecutivo defiende que es una obra de interés general, por lo que la autonomía no tiene competencias para paralizarla.
Medio Ambiente, a través de la empresa Acuamed, sostiene que tiene toda la documentación en regla para poder ejecutar las obras. En este sentido, destacaron que la Generalitat cuenta ya con toda la documentación pertinente.
Fuentes de Territorio sostienen que han actuado en este caso como contra cualquier otra infracción urbanística producida en un paraje protegido. Se ha abierto un expediente, impuesto una multa y exigido que se rehaga el mal causado. El Consell reitera que él es la autoridad competente para proteger un parque natural. Sólo en el caso de que Medio Ambiente justifique la inexcusabilidad para elegir ese lugar o no otro, esa infraestructura se podrá excluir. Sin embargo, esta semana los técnicos de la Conselleria de Territorio han dado un varapalo a Medio Ambiente al negar la “inexcusabilidad” del lugar escogido.
Acuamed presentó nueve propuestas alternativas. La Conselleria denuncia la falta de documentación y estudios detallados y afirma tajante que de la documentación sobre el proyecto “no se desprende la inexcusable ubicación de la planta territorial en el ámbito territorial propuesto”.
El informe es también desfavorable con los cuatro lugares elegidos por el Ministerio para verter la salmuera. Los técnicos de Territorio denuncian la falta de información para poder hacer un estudio serio sobre estas zonas. Por ello, las obras se han reiniciado sin todos los permisos exigidos.
En cualquier caso, el Gobierno ha optado por el enfrentamiento. Ha recurrido al Constitucional y tiene cinco meses para continuar con las obras. Un tiempo más que suficiente para avanzar en las obras sin que haya marcha atrás y el daño sea ya irreparable.
La Conselleria de Territorio ha cerrado prácticamente esta legislatura con la aprobación de tres proyectos emblemáticos que suponen más de 20.000 viviendas, la mayor parte de promoción especial.
Durante esta semana se ha reclasificado el estadio de Mestalla para la construcción de los edificios previstos, pero además, se ha dado luz verde a Nou Milen.ni en Catarroja. que supone la construcción de más de 11.500 viviendas , el 50 % de protección oficial.. En el caso del Gran Manises se ha aprobado 9.400 viviendas, el 69% de protección oficial.
Durante este semana el juzgado ha archivado la querella que el PSPV interpuso por prevaricación, malversación, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y ordenación del territorio contra el alcalde popular y dos miembros de su equipo de Gobierno por el PAI de Porchinos, donde se construirá la futura ciudad del Valencia.
Actuar contra los denunciantes
Ahora, le toca a los denunciados por el PSPV que pueden actuar contra los denunciantes, ya que el auto es muy duro contra los denunciantes al informar que no constan informes que sustenten la demanda.
Por otro lado, el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, aprovechó su visita a Castellón esta misma semana para lanzar una propuesta de elaborar una propuesta de plan general autonómico.
El objetivo de esta iniciativa es que de forma definitiva queden plasmados los terrenos protegidos y cuales podrán ser reclasificados y evitar así cualquier tipo de especulación. De esta forma, el Consell tomará la iniciativa en la ordenación territorial y creará el marco sobre el cual podrán actuar las administraciones municipales.