La escasez estructural de recursos hídricos que afecta a las cuenca del Segura ha obligado al Gobierno a endurecer la lucha contra el robo de agua en pozos ilegales de la Vega Baja. Así, en lo que va de legislatura, los servicios de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) han incoado hasta 376 expedientes por extracción irregular de agua, según datos del Ejecutivo.

Desde 2004, las tres cuencas más deficitarias de España -Segura, Júcar y Taj- – acumulan 1.513 infracciones, lo que supone el 20% del total, que llega a las 7.846. No obstante, estas tres mismas confederaciones concentraron el 40% de los expedientes iniciados durante la legislatura anterior.
Según cifras oficiales, la cuenca del Segura cuenta actualmente con más de 3.000 pozos ilegales que extraen al año unos 200 hectómetros cúbicos. Para Juana Serna, este tipo de pozos «representan un problema gravísimo si tenemos en cuenta la situación de sequía que vivimos, por ello -añade- el Ejecutivo central ha intensificado la vigilancia en las cuencas y va a aumentar bajo su gobierno el número de policías fluviales para luchar contra estas prácticas» .
Según la diputada socialista, el Ministerio de Medio Ambiente tiene previsto endurecer las penalizaciones por extraer agua en pozos ilegales. «La intención del Ministerio -apunta Serna-, es que la próxima Ley de Aguas califique como delito los robos de agua, y no, como sucede hasta ahora, como una infracción administrativa».

Medidas insuficientes

Medio Ambiente ha eliminado de esta legislación el apartado que legalizaba los pozos irregulares, unos 500.000 en toda España. Además, la Comisión Europea mantiene abierta una investigación sobre la utilización de estos pozos en la provincia de Alicante, que en caso de probarse, supondría que numerosos agricultores podrían quedarse sin las subvenciones de la UE.