El pleno de la Eurocámara dio hoy su aprobación final a la nueva norma de evaluación y gestión de inundaciones, que tiene como principal objetivo reducir el riesgo de estos fenómenos naturales tanto en las cuencas de los ríos como en las zonas costeras. La directiva obligará a los Estados miembros a realizar una evaluación de riegos en 2011, a preparar mapas con las zonas geográficas con mayor peligro de inundarse en 2013, y a diseñar planes de gestión de crisis en 2015.

Desde 1998, las inundaciones ocurridas en Europa han provocado alrededor de 700 muertos, el desplazamiento de medio millón de personas y pérdidas económicas cubiertas por las aseguradoras de al menos 25.000 millones de euros, según los datos de la Comisión.

El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, destacó que la norma es muy necesaria porque «el riesgo de inundación y los daños económicos relacionados se agravarán en Europa durante los próximos decenios» como consecuencia del cambio climático. «El mejor medio de reducir el coste de adaptación al cambio climático es actuar rápidamente, y la directiva sobre inundaciones nos ayudará», dijo a través de un comunicado.

La directiva aprobada este miércoles por la Eurocámara, que ha sido pactada con los Veintisiete, impondrá a los Estados miembros la obligación de realizar una planificación a largo plazo para reducir los riesgos de inundación en tres etapas. En primer lugar cada país tendrá que proceder de aquí a 2011 a una evaluación preliminar de los riesgos de innovación de sus cuencas hidrográficas y sus zonas costeras asociadas.

Si la probabilidad de daños por inundación es elevada, los Estados miembros deberán elaborar antes de 2013 mapas de zonas inundables y mapas de riesgos de inundación. Finalmente, antes de 2015 tendrán que establecerse planes de gestión de riesgos para estas zonas, con medidas para reducir la probabilidad de inundaciones y atenuar sus consecuencias.

Los planes tendrán que concentrarse principalmente en la prevención (por ejemplo evitando la construcción de viviendas o instalaciones industriales o adaptando cualquier planeamiento futuro al riesgo de inundación), la protección (restableciendo las llanuras inundables y las zonas húmedas) y la preparación (con instrucciones para los habitantes sobre el comportamiento que deben seguir en caso de inundación).

En el caso de las cuencas fluviales internacionales, los Estados miembros tendrán que coordinar su actuación para evitar que los planes de un país causen problemas a otro.

Los socialistas españoles en la Eurocámara hicieron público un comunicado en el que consideran muy importante que la directiva deje a los Estados miembros un alto grado de flexibilidad para determinar el nivel de protección necesario. «De este modo, territorios especialmente sensibles, como es el caso de la Península Ibérica, podrán gestionar los riesgos en base a las distintas situaciones geográficas, hidrológicas y de asentamientos humanos que presentan», señala el texto.

La directiva incluye, según los socialistas, prioridades marcadas por su grupo y que son esenciales para los países del sur: inclusión de referencias al cambio climático, coordinación de esta legislación con la directiva marco del agua, riesgos de contaminación ligados a las inundaciones y promoción del uso sostenible de los suelos.