El agua para las nuevas viviendas, según se encargó de recordar Miguel Ángel Hernández, uno de los redactores del informe de Ecologistas en Acción, procederá de los ríos Tajo y Júcar y de los acuíferos de la Mancha, que no se encuentran en buen estado tras los últimos años de sequía.

El propio Hernández reconoció a LAS PROVINCIAS que no es ajeno a los intereses políticos que se esconden detrás de la fiebre constructora que se ha desatado en Castilla-La Mancha durante estos últimos años.

El trasvase Tajo-Segura tiene fecha de caducidad. El nuevo estatuto manchego dice que se acabará en 2015. Pero si no se consigue aprobar este texto legal, los socialistas manchegos, según se desprende del informe ecologista, están dispuestos a aplicar la política de hechos consumados.

El trasvase entre los dos ríos únicamente se producirá si existen excedentes. Pero la política de expansión urbanística generará una importante demanda de recursos hídricos que se sumarán a la del aumento de regadíos en la Mancha Oriental. De esta forma, por mucho que las leyes permitan trasvasar, la política emprendida por la Junta de Castilla-La Mancha va dirigida a que no haya excedentes.

Al menos así lo sostienen los ecologistas de Castilla-La Mancha que, aunque no se posicionan sobre el trasvase, reconocen la política de hechos consumados que está llevando a cabo la Junta para evitar llevar agua a la Comunitat y Murcia.