Izquierda Unida anunció ayer su intención de no pedir la ejecución de la sentencia del Supremo que anula la privatización del agua en la capital en 1997 por parte del Partido Popular, porque «una chapuza no se puede solucionar con una chapuza mayor, ya que supondrá un serio perjuicio para la ciudad».
Así se expresó ayer la portavoz municipal de IU, Rosario Gualda, que recordó en rueda de prensa que fue su grupo el que recurrió la adjudicación del agua a la empresa Aquagest y, por ello, mostró su satisfacción por el fallo judicial «que dice que el PP lo hizo fatal y que la adjudicación fue incorrecta».
Gualda calificó de «detestable» que el Partido Popular privatizara un bien básico como es el agua y que vendiera este servicio por 2.000 millones de las antiguas pesetas, «que fueron volatizados por el PP».
La portavoz izquierdista volvió a mostrar su apoyo firme a la recuperación de la gestión del agua potable y saneamiento de la ciudad y por este motivo, desde Izquierda Unida se impulsó la creación de Aguas de Albacete, si bien admitió que «no es nuestro modelo de gestión, pero era lo mejor que se podía hacer después de una privatización que nos mantenía amordazados y prisioneros».
La portavoz municipal de IU avanzó que desde su grupo seguirán luchando por recuperar al cien por cien la gestión del ciclo integral del agua y aplaudió que el alcalde haya anunciado su intención de reclamar la gestión de la planta de abastecimiento -hoy gestionada por Aqualia por un periodo de dos años-, así como la gestión de la futura planta de nanofiltración.
Derecho al agua gratuita
En este sentido, Gualda también resaltó su satisfacción porque el Ayuntamiento «no pague ni un sólo euro» para la citada planta de ósmosis e insistió en defender el derecho de Albacete de recibir de forma gratuita el agua del Júcar y no pagar el «peaje» que hoy repercute en el bolsillo de los albaceteño.
Finalmente y en cuanto al cierre de los pozos, la portavoz de IU aclaró que el alcalde «no es quien decide» que Albacete deje de beber agua de los pozos, sino que la decisión es de la Comisión de Sequía de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en la que el Ayuntamiento «tiene voz, pero no voto».
Al respecto aseguró que es «mentira» que el agua superficial del Júcar fuera para las pedanías, como manifestó el alcalde, pues «estas aguas fueron para regar a manta en Valencia y Alicante».