El Senado secundó ayer la propuesta del Partido Popular para que el Gobierno apruebe cuanto antes un Plan Nacional destinado al control de las especies invasoras que empiezan a proliferar en España y que hacen peligrar los ecosistemas a los que se trasladan. El pleno de la Cámara Alta dio luz verde a una moción parlamentaria de siete puntos en la que los populares apuestan por programas de prevención, medidas regulatorias del comercio y tenencia de animales, campañas de sensibilización, más coordinación entre todas las administraciones y que se promueva una iniciativa a nivel europeo.
En la iniciativa parlamentaria, que ahora es de obligado cumplimiento para el Gobierno, los populares muestran su enorme preocupación por la llegada de especies foráneas a hábitats que no son los suyos, lo que provoca alteraciones en los ecosistemas en que se introducen, ya que compiten por el alimento y desplazan con ello a otras especies similares.
Esta iniciativa, que fue calificada por varios portavoces como muy oportuna, nada política y espacio para el consenso, contó sólo con el sorprendente voto en contra del PSOE, cuya marca tripartita en Cataluña, la Entesa, sin embargo se posicionó a favor. Antes de la votación, el Grupo Socialista propuso una enmienda de sustitución que descafeinaba la moción de PP, reduciendo sus siete puntos a uno muy imprecis que se estableciese una estrategia nacional de coordinación.
Según el portavoz de Medio Ambiente del PP, Javier Sopeña, el problema de la llamada “invasión biológica” supone una de las mayores amenazas a la biodiversidad autóctona, con consecuencias no sólo ecológicas, sino también socioeconómicas y sanitarias. De ello, recordó, están alertando organismos internacionales como la Unión Mundial por la Naturaleza, y sobre ello están trabajando ya asociaciones ecologistas y científicas. Sopeña destacó que en España ya se han celebrado dos congresos sobre esta materia, cuyas conclusiones el PP ha hecho suyas en esta moción parlamentaria.
El senador popular insistió también en las enormes pérdidas económicas que supone la proliferación de especies ajenas a nuestros hábitats. A falta de informes nacionales, dio un dato procedente de EEUU, donde se estima que este problema origina pérdidas superiores a los 2.000 millones de dólares.
En la exposición de motivos de la moción, el PP argumenta que en España existen más de 40 especies exóticas llegadas de distintos países del mundo y que se han instalado, a veces con gran perjuicio en la flora y fauna local, en suelo español. Se trata de peces, moluscos, aves, mamíferos y plantas, entre las que destaca el mejillón cebra, que ya ha colonizado la cuenca del Ebro y se ha extendido a la del Júcar. Esta especie ya ha causado tres efectos inesperados: ha dañado las centrales eléctricas que toman agua de estas cuencas, ha devorado el fitoplancton y ha reducido el nivel de oxígeno del agua.
En la iniciativa se cita también al siluro, un pez gigantesco devorador de peces pequeños que puede superar los dos metros de longitud y los 90 kilos de peso, y al visón americano, más peligroso que el europeo, ya que contagia enfermedades nuevas que pueden ser letales para el animal autóctono. Asimismo, el PP considera perjudiciales los efectos de que haya cada vez mayor presencia en España de ejemplares de cotorra argentina, malvasía canela, lucio-perca y cangrejo americano, entre otros.
Para paliar esta situación, la moción del PP contiene hasta siete medidas concretas que van desde la aprobación del Plan Nacional hasta el desarrollo de campañas de sensibilización y concienciación social dirigidas a que la sociedad perciba la gravedad del problema. El PP propone que se evite la proliferación de estas especies a través de medidas de control o erradicación de las mismas; que se ponga en marcha un programa de prevención, para que se frene la entrada de estas nuevas especies; que se regule el comercio y tenencia de especies exóticas; que se elabore un proyecto de Ley específico sobre la materia; que se creen mecanismos específicos de coordinación entre los distintos Ministerios afectados, las CC.AA. y los ayuntamientos, y, por último, que se promueva una iniciativa común a toda la Unión Europea para la elaboración de una directiva en materia de especies exóticas invasoras.
