Los 120 millones de euros que la Comisión Europea, a través de la Dirección General de Política Regional de la Unión Europea, concedió en el mes de diciembre pasado al trasvase Júcar-Vinalopó peligran. Y muy seriamente. La concesión de la financiación europea para la nueva conducción de agua, con toma en Cullera, en la cola del río Júcar, estaba ligada al cumplimiento de unos plazos que, de no ser agilizados ya, se antojan casi imposibles. «O empieza la obra ya o hay riesgo en la recepción y certificación de los 120 millones de euros», explicaron ayer desde la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), cuyo presidente, Juan José Moragues, preside a su vez la sociedad estatal Acuajúcar, que gestiona la construcción del proyecto.
En el consejo de administración de la sociedad Acuajúcar, en la que se dio a conocer el acceso de los usuarios al nuevo trasvase y la participación del BBVA para financiar los 30 millones de euros pendientes, se puso fecha fija al inicio de la obra: entre el 20 y el 26 de mayo, en plena campaña electoral. Al final, el candidato socialista a la Generalitat, Joan Ignasi Pla, no pudo rentabilizar el inicio formal, que no inauguración, de las obras.
El proyecto sigue bloqueado. Fuentes de la CHJ y de Acuajúcar eluden extenderse en explicaciones sobre el estado real de la tramitación administrativa. El acto, que en todo caso ha impedido que se acuse al Gobierno central socialista de electoralista, estaba pendiente de una firma de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que no acaba de llegar. La rúbrica debería producirse sobre el proyecto constructivo del tramo, en el término de Llanera de Ranes, en la provincia de Valencia. «Se tiene que mirar con lupa todo, para que no ocurra como con la desalinizadora de Torrevieja», afirman desde la CHJ. El Consell logró detener la desalinizadora, tras acudir a los tribunales, y no oculta su oposición a este proyecto para el Vinalopó sin toma en Cortes de Pallás. El Gobierno valenciano no ha pestañeado a la hora de acudir a Bruselas para que le retire la financiación, aunque no ha tenido éxito su iniciativa, como tampoco las alegaciones «extemporáneas», que fueron rechazadas a mediados de abril por la dirección general de Calidad Ambiental del Ministerio.
Los responsables de que la actuación esté en marcha no ocultan su preocupación ante el riesgo de incumplir los tiempos con arreglo al sistema financiero europeo, que liga la recepción del dinero a la certificación de las obras en determinados plazos prefijados. «Si antes del 1 de agosto no está todo en marcha, podría peligrar la ayuda de 120 millones de euros», indican desde la Confederación del Júcar.
No sólo no ocultan su preocupación ante el evidente bloqueo que sufre el proyecto. Tampoco esconden sus críticas veladas hacia el departamento que dirige la ministra Cristina Narbona, que está dejando en evidencia demasiadas veces al presidente de la Confederación, Juan José Moragues, y al consejero delegado de Aguas del Júcar, José María Marugán. Este último ha llegado a poner fecha fija en enero, febrero, marzo, abril y mayo a las obras. Ayer, y pese a los reiterados intentos de este diario, el Ministerio de Medio Ambiente no acertó a aclarar cuándo estará en marcha el nuevo trasvase, ni por qué se retrasa la tramitación.