La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha sido calificada por el Defensor del Pueblo como “administración entorpecedora” en su Informe Anual de 2006.

La CHJ se ha convertido, de esta forma, en el único organismo dependiente del Gobierno que ha sido calificado como “administración entorpecedora” de la labor de la Institución en 2006.

El organismo presidido por Enrique Múgica, que ayer intervino en la Comisión Mixta del Congreso de Relaciones con el Defensor del Pueblo, calificó de esta forma a la CHJ tras requerirle cuatro informes, en tres ocasiones cada uno de ellos, sin recibir contestación alguna.

El Informe del Defensor recuerda que el 29 de mayo de 2006 solicitó un informe a la CHJ sobre la disconformidad por una concesión de aguas. Tres requerimientos no sirvieron para que la Confederación le contestara.

La situación se volvió a repetir de nuevo tras solicitar a la Confederación del Júcar información sobre unas obras en el Serpis y en el río Polop. Los tres requerimientos volvieron a quedar sin respuesta.

Un mes después, el Defensor del Pueblo insistió y pidió información ambiental. Y, nuevamente, tras tres requerimientos se quedó sin respuesta.

En un ejemplo de persistencia, el Defensor del Pueblo volvió a reclarma a la CHJ información sobre otro proyecto. El mecanismo se repitió. Tres requerimientos más sin respuesta.

El Defensor del Pueblo acudió, en 2006 en cuatro ocasiones a la Confederación y en ninguna ocasión recibió contestación a los doce requerimientos que le remitió, por lo que ha optado por denunciar el entorpecimiento a su labor.

Como consecuencia de la falta de cooperación de la CHJ, el Defensor del Pueblo no tuvo más remedio que archivar los expedientes sin poder atender las quejas que le habían sido presentadas.

Informe anual
La comparecencia de Enrique Múgica ayer en la Comisión de las Cortes para dar a conocer el Informe de 2006 derivó en un debate sobre el Estatut de Cataluña por el recurso presentado ante el Constitucional por esta institución. Iniciativa per Catalunya y CiU llegaron a pedir su dimisión, aunque por la tarde se retractaron.

Las quejas presentadas al Defensor del Pueblo en 2006 aumentaron en todas las comunidades españolas excepto en la Comunitat Valenciana, Navarra y Cantabria.

En la Comunitat Valenciana, el número de reclamaciones presentadas disminuyó un 2,9%. Por provincias, en Castellón se redujeron un 13,3% y un 7,3% en Alicante. En la de Valencia, aumentó un 3,1%.

Entre las quejas presentadas por los ciudadanos de la Comunitat destacan las de los que durante 2006 quisieron apostatar de la Iglesia Católica pidiendo su eliminación del libro de Bautismo. El Defensor del Pueblo no las admitió a trámite. En el informe precisa que las iglesias, confesiones y comunidades religiosas “no tienen carácter de Administración Pública, por lo que no es posible intervención alguna”.

También resalta el “alto número” de quejas recibidas en contra de la “proliferación exagerada de actuaciones urbanizadoras”. El informe explica que las actuaciones objeto de reclamación suponen “duplicar e incluso triplicar” el número de habitantes de algunos municipios, crecimiento que “a todas luces parece incompatible con un desarrollo sostenible”.

Como ejemplo de la urbanización descontrolada, el informe cita las 15.000 denuncias que se han recibido en la Comisión Europea de pequeños propietarios. Asimismo, pone como ejemplo el “alto número” de peticiones que se han registrado para reclasificar casi 200 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable.

Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha puesto a la Agencia Valenciana de Salud como ejemplo de la “insuficiente información” que dan algunos centros sanitarios a las reclamaciones de los pacientes al responder con “escuetas y lacónicas resoluciones”.