El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore), Andrés del Campo, ha señalado que la decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío es un «aliciente» que la Administración puede ofrecer a los regantes como recompensa al esfuerzo económico que están realizando para modernizar sus regadíos.

El responsable de Fenacore destacó la «buena voluntad política» del secretario general de Energía del Ministerio de Industria, Ignasi Nieto, quien en su reunión del pasado 24 de mayo con Fenacore y las distintas organizaciones agrarias, se comprometió a estudiar su propuesta de aplazar la entrada en vigor de esta medida al menos hasta que la liberalización del mercado energético fuera realmente efectiva.

Del Campo aseguró que el mantenimiento de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión alentará el proceso de modernización y transformación de los sistemas de riego de superficie o gravedad -de coste energético casi despreciable- a otros sistemas de riego por presión (aspersión o localizado), que, aunque presentan un coste energético mucho mayor, no se verá incrementado adicionalmente gracias a esta nueva prórroga.

Las nuevas tarifas eléctricas, que deberían haber entrado en vigor el próximo 1 de julio tras la prórroga de seis meses concedida por la Administración, supondrían un incremento de costes para los agricultores del orden del 400% en términos de potencia instalada, lo que podría poner en peligro la sostenibilidad de la agricultura. En la actualidad, el 25% del regadío español tiene contratadas tarifas de baja tensión.

Grupos de trabajo

Por otro lado, Andrés del Campo mostró su confianza en que esta nueva prórroga permita disponer del tiempo necesario para constituir grupos de trabajo -integrados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y los sectores eléctrico y agrario- que estudien las modificaciones específicas propuestas y planteen alternativas que faciliten la adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado.

Entre estas alternativas, Fenacore propone que se permita una discriminación mensual de la potencia a contratar por los regantes, de tal modo que el coste por este concepto se ajuste a las necesidades reales del regadío, dando facilidades para efectuar la contratación y establecer medidas de transición.

Según Del Campo, «un ejemplo práctico del efecto perverso que podría producirse si se aplicaran las tarifas de manera indiscriminada sería el de los pozos de sequía que, durante muchos meses e incluso años, no se usan o se usan esporádicamente. Con la tarifa especial de riego, el coste de mantener en servicio estos pozos o bombeos es oneroso, pero con su eliminación, el coste que puede suponer mantener conectados estos pozos a la red eléctrica pasaría a ser prohibitivo».

Fenacore agrupa a las entidades dedicadas a la administración del agua para riego, tanto superficial como subterránea, con el fin de defender sus intereses y derechos de uso del agua.