Las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha han acogido con «satisfacción» la eventual decisión del Ministerio de Industria de aplazar hasta julio de 2008 la entrada en vigor de las nuevas tarifas eléctricas para regadío, pero consideran que esta no es la solución definitiva y que este sector debe mantener un tratamiento preferencial.
Así lo expresó el secretario provincial de Asaja Ciudad Real, Florencio Rey, quien aseguró que seguirán reivindicando ante el Gobierno central para que tengan en cuenta la situación de crisis que atraviesa el sector agrario, las inversiones que se han realizado en la modernización de regadíos, y los beneficios medioambientales de esta aplicación tecnológica.
«La situación del sector agrario es crítica, fruto del incremento de los costes de producción, de la congelación de los precios, y de la falta de rentabilidad de los productos. Por ello es importante que mantengamos esta tarifa especial para el riego, y esta prorroga nos viene bien, pero no es la solución definitiva».
ACCIONES SINDICALES. Por su parte, Rafael Juárez, de los servicios técnicos de COAG, explicó a Europa Press que esta eliminación de tarifas especiales, sería la última fase de un proceso por el que el Gobierno central pretende liberalizar la energía, acogiéndose a las orientaciones expuestas por la Comisión Europea.
«Nuestra organización está radicalmente en contra de la eliminación de estas tarifas especiales de riego porque el sector agrario no se encuentra en estos momentos en una situación como para afrontar el nuevo incremento de costes, que en función del tipo de tarifas al que se acoja el agricultor puede estar en torno al 20 por ciento», alertó.
Desde COAG dudan de que la liberalización del mercado, que afectaría sobre todo a las explotaciones familiares de carácter profesional, «vaya a beneficiar al consumidor, pues en el pasado hemos sufrido liberalizaciones parecidas y la experiencia nos dice que nunca ha representado una rebaja de los precios al consumidor, sino todo lo contrario».
Esto, unido a otros motivos, como el hecho de que la facturación eléctrica para regadío sea una mínima parte de la facturación eléctrica total (apenas un 1 %) y las ventajas medioambientales que supone la electrificación del regadío frente a los motores de combustión, justificaría plenamente, en opinión de COAG-IR, el que se suspenda ‘sine die’ la desaparición de estas tarifas.
«Esperamos que el Gobierno entre en razones y de marcha atrás, porque a nivel estatal la organización pretende agotar todas las vías de negociación, y llegado el caso tomaremos las acciones de carácter sindical que estimásemos oportunas» advirtió.
UPA. En términos parecidos se expresaron desde UPA, que en boca de su responsable regional de Agricultura, Elena Escobar, dijeron estar «muy contentos» por la moratoria conseguida hasta julio del 2008. «A pesar de que hemos conseguido su aplazamiento un año más, el objetivo no está conseguido porque la subida contempla este Real Decreto podría suponer un 300 por cien en algunos casos», indicó la representante de UPA, quien lo calificó de «autentica barbaridad».
Escobar manifestó que la subida «de un plumazo» de las tarifas del regadío, «un recurso cada vez más necesario», junto con la «crítica» situación de los precios, y la sequía, «harán que muchas explotaciones cierren porque van a ser inviables» alertó.
De otro lado defendió que esta subida frenaría en seco la modernización de los regadíos en bajo consumo, una medida imprescindible en el ahorro de agua «ante la escasez de recursos que vivimos». «Y por ello –anunció– durante este año seguiremos negociando, porque hemos ganado una batalla pero no la guerra».
Actualmente, de los 4,2 millones de hectáreas de cultivo que existen en la región, 417.100 son de regadío, suponiendo el 10 por ciento. Así en Albacete hay 124’6 miles de hectárea de regadío; en Ciudad Real 167,4; en Cuenca, 27,8; en Guadalajara 17,7 y en Toledo 79,6
Esta medida provocaría una subida del entorno 22 por ciento para el precio de la energía eléctrica para regadío en alta tensión y del 28 por ciento para baja tensión, siendo los cultivos más afectados el maíz, el olivar, los viñedos y la remolacha.