Los trasvases deben ser la última solución de la planificación hídrica para cubrir el déficit de agua. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Juan José Moragues, reafirmó ayer su apuesta por el Programa Agua frente a la propuesta de debatir en torno a un trasvase del Ebro hasta Sagunto, lanzada el pasado lunes por el secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, en el debate de investidura en las Cortes Valencianas. Moragues afirmó que la idea de transferir agua del Ebro «choca totalmente» con la política actual del Ministerio de Medio Ambiente de aprovechar el potencial de los recursos alternativos, como es el caso de las aguas subterráneas en Castellón.
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El movimiento social contra la transferencia critica la propuesta de Pla de abrir un debate
El presidente de la CHJ, no obstante, quiso evitar polémicas y se remitió a las declaraciones realizadas el martes por la ministra Cristina Narbona en Valencia. La responsable de Medio Ambiente evitó descartar cualquier trasvase -de hecho, en breve comenzarán las obras del canal Júcar-Vinalopó-, pero enfatizó que primero deben agotarse otras soluciones para ganar agua, como la reutilización, las desaladoras y la racionalización del uso de los recursos disponibles.
La propuesta de Pla se enmarcaría dentro de un pacto que busca alejar el debate del agua de la confrontación política. Un trasvase del Ebro exigiría, no obstante, el consenso de todas las partes implicadas, como han remarcado tanto el líder socialista como la ministra. Sin embargo, en la cuenca cedente, la oferta de debate de Pla ha caído como un jarro de agua fría. Así, el movimiento social que lideró la oposición al derogado trasvase del Ebro arremetió ayer contra la idea de entablar un diálogo con los gobiernos de Aragón, Cataluña y central sobre una transferencia «razonable y aceptable». «Estamos sorprendidos de la respuesta del PSPV», dijo el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ebro (PDE), Manolo Tomàs, quien acusó a los socialistas valencianos de tratar de esquivar la oposición social y política que despertó la política hídrica del último ejecutivo de Aznar a través de proyectos menores y de menor coste que, a su juicio, continuarían poniendo en peligro el futuro ecológico del río. «La postura oficial del PSOE es la modificación del Plan Hidrológico, la derogación del trasvase del Ebro y las alternativas del programa Agua», recordó.
La PDE ve en el canal Xerta-Sènia, una infraestructura nunca usada de finales de la dictadura, el trazado de un hipotético trasvase hacia Castellón. La Generalitat de Cataluña impulsa ahora este canal y lo quiere destinar a regadío, aunque ningún regante participa en la financiación y la PDE cree que generará agua sobrante, susceptible de ser trasvasada. La plataforma recogerá firmas para presentar al parlamento catalán una resolución que defienda el caudal medioambiental del Ebro. «Lo mejor es situar este debate en el entorno científico. No nos interesa un rifirrafe político», dijo Tomàs.
Por otro lado, la CHJ firmó ayer un convenio con el Instituto Geológico y Minero de España para la vigilancia de los acuíferos en los sistemas del Júcar y del Turia. Moragues destacó la necesidad de controlar las extracciones de los pozos de sequía para garantizar la sostenibilidad medioambiental de las aguas subterráneas, que componen el 75% de los recursos del territorio de la CHJ. A través de una red de puntos de medición, el organismo vigila la evolución de los acuíferos, cuya recarga por las lluvias permitirá este año una mayor extracción a los agricultores del Júcar. Moragues reiteró que la CHJ ya no está en emergencia por la sequía, pero que esta situación aún no se ha consolidado y exige mantener restricciones al regadío.