Una nueva polémica está servida. Comunidades de regantes dependientes del trasvase Tajo-Segura han denunciado que el Ministerio de Medio Ambiente está anulando concesiones de agua «en amplias superficies» de la cuenca porque no han sido regadas en los tres últimos años. Juan Sánchez, presidente de la Comunidad de Regantes de la zona V, que comprende los municipios de Las Torres de Cotillas, Ceutí, Lorquí y parte de Archena, ha planteado su queja ante el comité de crisis de la sequía y la junta de gobierno del sindicato central para impedir que la confederación hidrográfica del Segura siga adelante con sus planes.

Todo parte de una disposición de la Ley de Aguas de hace 27 años que antes no se aplicaba, según los regantes. Algunos de ellos creen ver un intento de reducir el déficit real de la cuenca del Segura aprovechando la revisión del plan de cuenca. Según el comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, se están limitando a cumplir la ley de Aguas mediante el llamado «programa Alberca», que trata de detectar las superficies que realmente se riegan y anular las concesiones de agua de terrenos que llevan «muchos años» sin cultivar.

Más de 400 hectáreas

Las hectáreas que se han quedado sin concesiones por este motivo pueden superar las 400, según fuentes del Sindicato Central de Regantes. Su pesidente, Francisco del Amor, confirmó ayer la denuncia planteada el pasado lunes por los regantes de esta zona, y anunció que piensa solicitar una reunión con el comisario de Aguas, Manuel Aldeguer, «para pedir aclaraciones».

Los regantes no están de acuerdo con la interpretación que se hace de la Ley de Aguas de 1985, en la que se basa la Confederación para declarar la caducidad de las concesiones. El secretario general del sindicato, José Manuel Claver, pide que se arroje luz sobre este punto de la ley. Considera que las tierras regables incluidas dentro de una comunidad de regantes no se pueden declarar no regables. «Una cosa es la concesión y otra distinta una zona regable perfectamente delimitada. Si esta última hubiera estado tres años sin regar, por diversas circunstancias que todos conocemos, no se puede quedar fuera por este motivo».

Según el sindicato, técnicos de la Confederación Hidrográfica del Segura y de empresas auxiliares están inspeccionando diversas zonas y abriendo expedientes que pueden terminar con la pérdida de la concesión de agua.

Derechos «confiscados»

El presidente de la Comunidad de Regantes de la zona V, Juan Sánchez Sánchez, apunta que la supresión de concesiones de agua se está aplicando en zonas de riego incluidas dentro de los perímetros aprobados previamente por la propia Confederación Hidrográfica del Segura. Cree que se ha actuado bajo el amparo de un artículo de la Ley de Aguas de 1985 que nadie había aplicado hasta ahora «por ser injusto». «En la práctica significa que quienes han tenido que dejar de regar parte de sus tierras por falta de agua, y han destinado el caudal que les correspondía a otra parte de sus parcelas, pierden sus derechos de riego sobre las zonas que no han podido regar», señala.

Sánchez cree que la Administración central es la responsable del abandono involuntario de tierras por no aportar el agua necesaria. «Si poco a poco se reducen los regadíos, nuestra región será un desierto. Le habrá servido al Gobierno como excusa para reducir el déficit real que existe».