La propuesta de reforma del sector del vino que la Comisión Europea presentó el 4 de julio incluye finalmente la eliminación, desde la entrada en vigor de las nuevas normas, de todos los mecanismos de gestión del mercado, como las diversas modalidades de destilación o las ayudas a los mostos. Se trata de una de las medidas que más afectarían a los viticultores españoles, y en particular a los de Castilla-La Mancha, si finalmente los ministros de Agricultura de la Unión Europea la aprueban.
El conjunto de mecanismos de gestión del mercado que se suprimirían de forma inmediata son, en concreto, los siguientes: destilación de crisis, apoyo a la destilación de subproductos, destilación de alcohol de boca, destilación de uvas de doble uso, ayuda al almacenamiento privado, restituciones a la exportación y ayuda al mosto para el aumento del grado alcohólico del vino. En conjunto, las medidas de eliminación de excedentes representan un gasto anual de unos 500 millones de euros para el presupuesto comunitario, según la Comisión Europea. En el caso de España, el montante procedente de Bruselas destinado a financiar las destilaciones alcanzó una media anual de 186 millones de euros durante el periodo 2001-2006. Si se consideran el conjunto de medidas, la media anual ronda los 250 millones de euros. Según responsables del Ministerio de Agricultura, la aprobación de esta medida supondría dejar en el mercado alrededor de 12 millones de hectolitros de vino, que no tendrían salida.
POTENCIAL DE PRODUCCIÓN. Otras medidas destacables de la propuesta de la Comisión del miércoles son las relativas al potencial de producción. Por un lado, busca favorecer la salida del sector de los agricultores menos eficientes mediante un programa de ayudas por arranque de viñedo, cuyo objetivo es el abandono de 200.000 hectáreas a nivel comunitario durante un período de cinco años. Los productores que voluntariamente deseen acogerse a este régimen de arranque recibirán una prima por hectárea de viñedo abandonado, cuyo importe se calculará en función de los rendimientos. Para incentivar su utilización desde la entrada en vigor de la reforma, ese importe será más elevado al principio e irá disminuyendo progresivamente. Según la Comisión Europea, la prima media será el primer año de 7.174 euros por hectárea y el último de 2.939 euros. Para una explotación con un rendimiento de entre 30 y 40 hectolitros por hectárea, la prima será de unos 5.600 euros por hectárea el primer año, según fuentes de la Comisión.
Por otro lado, ésta propone mantener hasta el 31 de diciembre de 2013 el actual sistema de derechos de plantación. A partir de 2014 se liberalizarían las plantaciones. Las organizaciones agrarias consideran una incoherencia que una vez completado el programa de arranque se abra la posibilidad de plantar viñedo sin ningún tipo de restricción.
En cuanto al fenómeno de las plantaciones irregulares e ilegales, la Comisión propone que se dé una última posibilidad de regularización durante un corto período de tiempo. Después, será obligatorio arrancarlas. Una parte del presupuesto comunitario destinado al sector del vino se asignará a los países productores para hacer frente a sus necesidades específicas y para financiar las medidas que consideren adecuadas dentro de un menú dado. El presupuesto global oscilará entre 623 millones de euros en 2009 y 830 millones de euros a partir de 2015. El sobre asignado a cada país productor en este nuevo borrador de reforma de la OCM vitivinícola se calculará en función de la superficie de viñedo, la producción y el gasto histórico. Las medidas que podrán financiar los Estados miembros en esta propuesta con su dotación nacional pasan por una posible reestructuración y reconversión del viñedo, un apoyo a la comercialización y promoción de los vinos en países terceros, nuevas medidas más eficaces para la gestión de crisis (seguro contra posibles catástrofes y gastos administrativos derivados de la creación de fondos de mutualidades) y apoyo a la vendimia en verde.
PAGO ÚNICO. Las superficies arrancadas tendrán automáticamente derecho al pago único por explotación, con lo que se garantizará su mantenimiento en buenas condiciones agrarias y medioambientales. La ayuda que se pagará a esa superficie será equivalente al pago desacoplado medio de la región y no superará los 350 euros por hectárea. Además, todas las superficies cultivadas de vid podrán optar a los derechos de obtención del pago único por explotación. La Comisión considera que muchas de las medidas del Reglamento de desarrollo rural podrían ser interesantes para el sector vitivinícola. Entre ellas señala la instalación de jóvenes agricultores, la mejora de la comercialización, la formación profesional, el apoyo a las organizaciones de productores, el apoyo para hacer frente a los gastos adicionales generados por el mantenimiento de los paisajes culturales y la renta perdida y la jubilación anticipada.