La legislatura del agua ha salido mal parada. Ni se crearán los Bancos Públicos del Agua, ni se pagará el precio real del agua, ni se controlarán los pozos ilegales. Todas estas medidas estrella que había anunciado la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se han quedado en papel mojado, porque la reforma de la ley de Aguas que pretendía no saldrá adelante, como ya publicó ABC en marzo. Ayer lo reconocía la propia Narbona en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados.
En su lugar, el Gobierno aprobará antes de finales de año un real decreto que incluirá todos aquellos aspectos de la prevista reforma que no necesiten rango de ley y que ya cuenta con el respaldo de la mayoría del Consejo Nacional del Agua. En concreto, la norma regulará la gestión del Dominio Público Hidráulico, en particular la protección en las zonas inundables; incrementará los niveles de seguridad de las presas y tratará de homogeneizar los criterios de aplicación de sanciones por daños causados sobre el dominio público hidráulico.
En el fondo, la reforma de la ley de Aguas se ha paralizado por las tensiones que han provocado los diferentes Estatutos, aprobados por distintas comunidades autónomas, que «blindan» el agua de los ríos que pasan por sus territorios. El consenso no fue posible entre las comunidades, las cuales, en definitiva, temían ver mermada la disponibilidad de sus recursos hídricos si la reforma salía adelante. La propia Narbona lo reconocía ante la Comisión del Congreso, donde defendió un modelo que «goce de la máxima estabilidad en el tiempo».
Costes del agua
Pero también hubo otra polémica que ha detenido la reforma, como dijo la ministra. La determinación de los costes del agua de acuerdo con las exigencias de la Unión Europea fue «rebatida de forma muy dura», según sus palabras, por el Consejo Nacional del Agua, donde están representadas comunidades y asociaciones de regantes, agrarias y ecologistas. Sobre este aspecto, Narbona abogó por seguir trabajando para dar pasos que sean compartidos por el sector agrícola, uno de los principales afectados por la reforma de la ley de Aguas.