El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha, Fernando Lamata, considera que la compra-venta de derechos de regadío con destino al Levante puede llegar a ser «una especie de truco para saltarse la norma» de explotación del trasvase Tajo-Segura.

Así lo manifestó ayer después de comunicar que el Consejo de Gobierno decidió, el pasado martes, recurrir la autorización que hizo el Ministerio de Medio Ambiente de la venta de 36 hectómetros cúbicos de regantes del Canal de las Aves a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla.

En opinión de Lamata, «ese agua no debía haberse cedido» y matizó que la aprobación de esa venta se hizo con irregularidades, pues no se sometió a evaluación de impacto ambiental y hubo un error en el cálculo que se hizo de la dotación por hectárea.

Explicó el vicepresidente que la cantidad vendida, 36 hectómetros cúbicos correspondientes a 3.000 hectáreas, no se corresponde con la asignación que tienen por hectárea y año las parcelas de esa zona del Canal de las Aves, que es de 7.500 metros cúbicos, y añadió que sólo podría alcanzarse la cantidad de 36 hectómetros si la asignación por hectárea fuera de 12.000 metros cúbicos.

Desde el Gobierno regional se considera también que se ha superado el límite de 110 hectómetros cúbicos para abastecimiento, medidos en destino, que fija la Lay de regulación del régimen económico de la explotación del acueducto Tajo-Segura.

Se considera rebasado ese volumen porque los 36 hectómetros cúbicos que se ceden deben ser computados como volúmenes trasvasados. En la fecha de firma del contrato de cesión, el 11 de julio de 2007, la dotación máxima ya estaba garantizada mediante los sucesivos acuerdos del Consejo de Ministros y, por tanto, no procedía autorizar el contrato, argumentan desde el Ejecutivo.

Situación crítica

A juicio de Lamata, esta compra-venta de derechos «es una forma de intentar alterar la aplicación de la norma» cuando ya estaban cubiertos los cupos que corresponderían en una situación crítica, en la que el Consejo de Ministros debe autorizar los trasvases en lugar de la Comisión de Explotación.

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla-La Mancha recordó que en una situación crítica lo único que debe garantizarse es el abastecimiento a las poblaciones, pero una autorización para regadío «sería superexcepcional» y sólo podría ser para un «riego de socorro superjustificado» que no pusiera en riesgo el abastecimiento.

También indicó que hasta que las reservas de la cabecera del Tajo no alcancen la media de los últimos años, no se podrá hablar de hacer trasvases para regadío.