El Gobierno de Castilla-La Mancha ha calificado de «imprudente al inicio del año hidrológico» la aprobación por el Consejo de Ministros de un envío por el acueducto Tajo-Segura de 69 hectómetros cúbicos y ha insistido en que los trasvases tienen fecha de vencimiento y hoy se tacha «un día más en la cuenta atrás».
En una comparecencia ante periodistas en la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, dijo ayer que el Consejo de Ministros no ha valorado adecuadamente ni la situación de escasez en los embalses ni las necesidades hídricas en la cuenca del Segura.
Además, ha informado de que el próximo Consejo de Gobierno regional estudiará la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo de la junta de gobierno de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) del 23 de julio por el que se autorizaba la utilización de 6,1 hectómetros cúbicos de la Mancomunidad de Canales del Taibilla como recursos del Júcar.
El consejero ha explicado que la impugnación se basa en que no se respetan las normas, porque parte de ese agua se destina a municipios de Alicante que no pertenecen a la cuenca del Júcar, sino a cuencas internas de la Comunidad Valenciana, y por tanto, a otros ámbitos competenciales y de planificación.
Sánchez Pingarrón ha dicho que se ha «iniciado la cuenta atrás» para el fin del trasvase, tanto por «el sentido común» como porque lo fija la «fecha de vencimiento» (2015) establecida en la reforma del Estatuto de Autonomía, aprobada por las Cortes regionales y aplazada para la próxima legislatura por el Congreso.
Sánchez Pingarrón, quien ha instado a un impulso a las infraestructuras desalinizadoras, ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado instrucciones a sus servicios jurídicos para que estudien la posibilidad de impugnar la decisión del Consejo de Ministros.