El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, coincidieron ayer en señalar que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG) debe hacer compatible la recuperación de los acuíferos de la zona, 23 y 24, y el desarrollo económico y social de la comarca.
Ambos realizaron estas manifestaciones durante el acto de la firma del protocolo de colaboración entre los Gobiernos autonómico y central para desarrollar este plan, que contempla una inversión de 3.000 millones de euros durante los próximos 20 años, informa Ep.
El plan, pendiente sólo ya de que el Consejo de Ministros apruebe el correspondiente decreto para que entre en funcionamiento, se aplicará sobre una superficie de 20.000 kilómetros cuadrados en las provincias de Ciudad Real, Toledo, Albacete y Cuenca, en los que se asientan 169 municipios y unos 600.000 habitantes.
Narbona señaló que uno de los principales objetivos es «frenar la sobreexplotación» de los acuíferos, indicando que se pretende ahorrar unos 200 hectómetros cúbicos de agua, que dejarán de extraerse de los acuíferos 23 y 24.
Así, explicó que desde el Ministerio se han puesto en marcha ofertas públicas de adquisición de derechos de agua por 40 millones. Asimismo recordó que se han comprado unas 900 hectáreas en el entorno de Las Tablas de Daimiel, cuya recuperación es prioritario.
Plan de forestación
La ministra destacó la trascendencia del plan de forestación que lleva asociado el PEAG, y en el que se invertirán 1.185 millones.
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, destacó que actuar para parar la sobreexplotación de los acuíferos era algo «urgente y necesario», dado que los acuíferos de la zona hacía demasiado tiempo que estaban en «números rojos».
Al igual que Narbona, consideró que es posible un desarrollo sostenible en la zona, salvaguardando los recursos naturales y manteniendo el nivel de renta de los agricultores.
Para alcanzar sus objetivos, sostenibilidad de la actividad económica, conservación de los recursos para el futuro y la consecución de los objetivos ambientales, se aplicarán varios programas, entre ellos, la reordenación y compra de terrenos y derechos de agua (810 millones), medidas de control del consumo de agua con la instalación caudalímetros (432 millones) y medidas de apoyo a los usuarios (34 millones).
Asimismo, se contempla un programa de ayudas para el mantenimiento de regadío o su transformación a secano, en el que se invertirán 940 millones.