El agua del trasvase Tajo-Segura se pone por las nubes. No llega a ser tan cara como la desalinizada, pero los nuevos incrementos de precios propuestos por el Ministerio de Medio Ambiente resultan porcentualmente astronómicos por culpa, sobre todo, de la factura energética. Las nuevas tarifas harán que se incremente el agua del Tajo para los regadíos en un 55% el año que viene.

Para los abastecimientos, la subida será del 44%. Eso representa que los caudales para la agricultura alcanzarán los 15,4 céntimos por cada metro cúbico. Mientras que para la llamada agua de boca aumentará 18,1 céntimos, según informó ayer el Sindicato Central de Regantes del Tajo Segura y la Mancomunidad de Canales del Taibilla.

Con motivo de la aprobación del último desembalse del Tajo al Segura, el Ministerio ya avisó de que iban a aumentar estas tarifas.

La repercusión sobre los usuarios, en el caso de la población, se empezará a notar principalmente después de marzo, una vez pasadas las elecciones generales. Será cuando estén en producción las nuevas desalinizadoras de Valdelentisco (Cartagena) y Alicante II. A partir de ahí, la Mancomunidad de Canales del Taibilla ajustará las nuevas tarifas del agua.

Ya se conoce un dato: la carestía del agua de la cabecera del Tajo tendrá una repercusión en el recibo de un 6%, a lo que habrá que sumar el incremento correspondiente a la inyección de más agua desalinizada en las redes de abastecimiento.

No variará

El delegado del Gobierno en la Mancomunidad, Isidoro Carrillo, indicó ayer que el recibo actual de 43,26 céntimos el metro cúbico (es lo que este organismo factura a los 77 ayuntamientos de Murcia, Alicante y Albacete) no variará en los próximos meses.

Pero ¿qué ha sucedido para que se produzca un aumento tan alto? Tanto Isidoro Carrillo como Francisco del Amor, presidente de los regantes del trasvase, lo atribuyen a dos factores: por un lado que la tarifa estaba congelada desde mayo del año 2005. Y por otro lado, el aumento espectacular de los gastos energéticos.

Para que el agua llegue a la cuenca del Segura hay que bombearla hasta los 300 metros de altura en el punto de salida. De esta forma, la factura eléctrica aumentará hasta un 72,4%.

Amortización

La parte de la tarifa que menos sube es la amortización de las obras, que en realidad corresponde a las indemnizaciones que reciben los gobiernos de Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura a cambio de los envíos de agua. Entre los años 2003 y 2006 estas comunidades autónomas han recibido 82 millones de euros de parte de los regantes murcianos y alicantinos, y otros 259 millones con cargo a los desembalses para dar de beber a 2,5 millones de habitantes.

Estas indemnizaciones se han pagado en el transcurso de una de las sequías más graves que se han registrado, puesto que los gobiernos de estas tres comunidades no han condonado la parte de sus tarifas, cosa que sí ha hecho el Gobierno central.

Las nuevas tarifas se encuentra en la fase de presentación de alegaciones y deberán ser aprobadas primero por la Comisión central de Explotación del Trasvase. Después tendrá que ser ratificadas por el Consejo de Ministros.

Los regantes del Tajo-Segura van a solicitar una nueva reunión con la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para solicitarle que se agilice el otorgamiento de las concesiones de agua de la cabecera del Tajo, actualmente en trámite por parte de la Confederación Hidrográfica del Segura.

Sentencia del Supremo

Los regantes le han visto las orejas al lobo tras la recientes jornadas sobre el ordenamiento jurídico del Tajo-Segura, habida cuenta de que el Tribunal Supremo mantiene en sus sentencias que los agricultores no disponen de un derecho real sobre los excedentes de los pantanos de la cabecera del Tajo.

El Sindicato Central considera que ahora cobra más importancia que se otorguen los títulos de concesión sobre los sobrantes del Tajo para disponer de mayor cobertura jurídica. Su presidente, Francisco del Amor, discrepa de las sentencias del Supremo y considera que los magistrados del alto tribunal deberían tener un conocimiento más preciso de las leyes de aprovechamiento y explotación del acueducto.

En este sentido, solicitarán al Ministerio de Justicia que se imparta un cursillo a los magistrados del Supremo sobre la legislación del Tajo-Segura, con el fin de que dispongan de todas las claves.

Francisco del Amor considera «un éxito» las jornadas jurídicas celebradas en Murcia, ya que a su juicio los expertos «han ratificado que tenemos derechos reales sobre los excedentes del Tajo, porque así viene recogido en las leyes».

El consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda de Castilla-La Mancha, Julián Sánchez Pingarrón, terció ayer en este asunto y «agradeció» al magistrado de la Audiencia Nacional José Guerrero «que haya recordado en Murcia que el Tajo-Segura no es un derecho de los regantes del Levante», informa Efe. Así se refirió el titular de la materia hidráulica del Ejecutivo castellano-manchego a la advertencia que el magistrado hizo en Murcia, donde recordó que la jurisprudencia determina la discrecionalidad para la aprobación de trasvases.

Por la caducidad

«Las palabras del magistrado han sido muy oportunas para que en el Levante español se tenga información más clara de este asunto», dijo Sánchez Pingarrón, quien ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha «seguirá trabajando por la caducidad» del Trasvase Tajo-Segura.

Por otra parte, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha presentado una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para que se retire el dinero necesario para construir la desalinizadora de Torrevieja.

Los populares consideran que «no se estima conveniente los fines perseguidos con esta partida presupuestaria».

La anualidad para esta fábrica de agua, actualmente en obras, asciende a 57,1 millones de euros, y tiene como finalidad garantizar los regadíos del Trasvase Tajo-Segura, según consta en el texto de la enmienda a la que ha tenido acceso este periódico.

80 hectómetros al año

La desalinizadora de Torrevieja, que tendrá una producción inicial de 80 hectómetros cúbicos anuales, cuenta con el rechazo del Gobierno de la Comunidad Valenciana, que aduce motivos medioambientales.

La mayor parte de la producción va destinada a los regadíos y abastecimientos de la Región de Murcia. Los regantes del Tajo-Segura no han firmado todavía el convenio con la sociedad estatal Acuamed que, no obstante, les ofrecerá el agua desalinizada mediante concurso.