El Consejo de Ministros recibió ayer de la titular de Medio Ambiente, Cristina Narbona, un informe sobre la situación de la sequía que revela que no se prevén restricciones en el abastecimiento de agua a poblaciones en las cuencas del Júcar, Segura y Guadalquivir, y de la cabecera del Tajo.
Este oportuno informe a tres meses de las elecciones sobre los efectos de la sequía en el litoral Mediterráneo, la cuenca del río Guadalquivir y la cabecera del Tajo, destaca que las actuaciones emprendidas por el Gobierno desde el inicio de legislatura han mitigado los efectos de la sequía, pese a la escasez de precipitaciones registrada en estas zonas durante los últimos años.
El documento se convierte en un balón de oxígeno para la lucha que el PSPV mantiene en la Comunidad para rechazar los grandes trasvases y defender el programa Agua de la ministra, que le está restando expectativas electorales de cara a los comicios generales del próximo mes de marzo.
Operativo a finales de 2008
Así, el consejero delegado de la sociedad estatal AcuaJúcar, José María Marugán, afirmó ayer, tras mantener una reunión con los diputados nacionales y autonómicos del PSPV, que las obras del trasvase del Júcar-Vinalopó estarán finalizadas en diciembre de 2008. Marugán señaló que todos los tramos de la conducción ya están en obras, «aunque es posible que el agua no llegue a los usuarios si la Generalitat no impulsa las obras del postrasvase», añadió. Al respecto, la diputada socialista, Juana Serna, consideró que con la defensa del Ebro, los populares «han iniciado una guerra del agua que ahora se ha vuelto en su contra, ya que ha enfrentado al PP de Aragón con el de la Comunidad y con el de Murcia».
Por otra parte, el Consejo de Ministros dio ayer su aprobación a la modificación del proyecto de ampliación de la desalinizadora de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, presupuestado en 13.656.952 euros. Asimismo, en la reunión se acordó modificar el presupuesto de capital de las sociedades estatales Acuamed y AcuaJúcar, para el año 2007, y que supone un incremento de la adquisición de inmovilizado financiero de sus aplicaciones en 250.283.000 euros.