La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ya ha enviado a la Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente los 61 expedientes relativos a la determinación de las características esenciales de los aprovechamientos de aguas procedentes del trasvase Tajo-Segura.

Según el presidente de la CHS, José Salvador Fuentes Zorita, tales expedientes corresponden a 31 comunidades de regantes de la provincia de Alicante, 24 de la Región de Murcia y seis de la provincia de Almería.

De esta forma, concluye el paso previo para el reconocimiento con base jurídica explícita de los derechos de los regantes del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats) sobre los caudales del trasvase.

La comunidad autónoma de Castilla-La Mancha siempre se ha opuesto a esta pretensión por parte de los miembros del Scrats, ya que el trasvase se nutre de recursos de otra cuenca, la del Tajo y, por tanto, el ejecutivo autonómico considera que estas concesiones equivale a dar derechos sobre las aguas de la cabecera del Tajo a usuarios de otra cuenca.

El presidente de la CHS, a preguntas de los periodistas sobre si se esperan alegaciones de Castilla-La Mancha, señaló que «no hay que centrarse sólo en esa comunidad, ya que podrían venir de otras como Madrid», conocida su posición en relación al trasvase Tajo-Segura.

Los expedientes tramitados representan una superficie bruta de 142.808 hectáreas y una asignación de caudales de 400 hectómetros cúbicos.

Sin esta tramitación, que estaba pendiente desde 1998 con el Plan Hidrológico de Cuenca del Segura, no es posible iniciar el trámite para el reconocimiento de los derechos sobre los mencionados caudales, que hasta estos momentos se vienen amparando en un reconocimiento implícito basado en las Leyes del Trasvase de 1972 y 1980.

En este sentido, recordó que la Ley de Aguas exige disponer de concesión para el uso privativo de aguas públicas, por lo que la situación de los regantes del trasvase, hasta ahora, amparada por una legislación especial, pasaría a integrarse en el marco de la Ley General, lo que constituía una de las aspiraciones más sentidas por parte de los regantes.

Fuentes Zorita contó que ahora es el Ministerio de Medio Ambiente el que va a poner esta aprobación a información pública y «si todo sale bien, entre seis y ocho meses se podrá culminar todo el proceso».