La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, destacó ayer en Alcázar de San Juan que el Plan Especial del Alto Guadiana (PEAG), ya aprobado y que pone en marcha con el Consorcio, supone un esfuerzo por construir una política del agua muy diferente de la del pasado, donde la gestión de las aguas subterráneas era una parte de la política del agua olvidada.
Narbona, que se trasladó ayer hasta el corazón de La Mancha para firmar el convenio de colaboración para la creación del Consorcio que gestionará el PEAG junto al presidente regional, José María Barreda, recordó no sólo la importancia del día de ayer con la puesta en marcha del Consorcio, sino también la importancia de este Plan, que debe permitir que “el agua que tenemos en nuestros acuíferos sirva para hoy y para mañana”.
Es por esto que destacó la necesidad de desarrollar en los próximos años una política del agua de acuerdo con la legislación europea, con los criterios internacionales, que otorgue plenamente al agua todo su valor económico, social o medioambiental, un “desafío”, dijo, para todos los poderes públicos, porque supone olvidar una política “del ordeno y mando” que no buscaba el consenso y la implicación de todos, como ha ocurrido con el PEAG, según señaló.
Narbona recordó que las políticas del agua siempre se ha dicho que deben ser de Estado, pero recordó que hoy día en España se vive en un estado descentralizado de las autonomías, donde todos los poderes públicos son Estado, “por eso sólo podemos trabajar por una mejor gestión de la política del agua en nuestro país colaborando las tres administraciones”, y recordó que cuanto más complejo es el asunto que se debe gestionar, mayor es la necesidad del entendimiento.
La ministra de Medio Ambiente destacó entre otras cosas el gran consenso que se ha alcanzado en la redacción y aprobación del PEAG, algo por lo que se sintió “especialmente” satisfecha, “por haber cumplido un compromiso más en C-LM y porque el camino ha sido complejo y aquello que cuesta lo apreciamos mucho más y lo entendemos mucho mejor”.
Dijo también que si han empleado todo este tiempo para llegar a la consecución de este Consorcio y a la puesta en marcha formal del PEAG, con un órgano que permite visualizar muy bien la coordinación y cooperación entre administraciones, es porque antes de llegar aquí han recorrido un camino muy complejo de búsqueda de consenso social, “un consenso que no ha sido nada sencillo” y que, según dijo, se ha alcanzado al menos en un porcentaje muy amplio gracias al buen trabajo de muchas entidades y agrupaciones.
“Ahora se abre el verdadero camino de recuperación de los acuíferos y del desarrollo sostenible”, sentenció, y no se marchó sin mencionar la necesidad de saber gestionar el agua para evitar tanto la sequía como las inundaciones que padeció la ciudad el pasado mes de mayo.
Solución realista
Por su parte, el presidente de la Junta destacó que el Plan ha conseguido concentrar “el esfuerzo de todos” para “dar una solución realista, concreta y eficaz al problema de la escasez de agua”.
En este sentido, Barreda ha resaltado los más de 5.000 millones de euros de presupuesto con los que cuenta este Plan para tomar muchas decisiones importantes relativas al agua y que lo convierten en mucho más que un plan medioambiental.
Para Barreda, la participación de todos los agentes en el Plan implica la capacidad de la sociedad para afrontar un problema como es la falta de agua, y dijo que esta iniciativa no sólo ahorrará agua para la regeneración hídrica de los acuíferos, sino que supondrá una herramienta clave para el desarrollo integral de la región.
Ha recordado que el PEAG llega siete años después de lo previsto, porque antes no tenía consenso ni financiación.
El presidente ha planteado la creación de este Consorcio como ejemplo de órgano de gestión del agua compartido entre las dos administraciones, la central y la regional. El Consorcio estará integrado por representantes de ambas administraciones y tendrá su sede en Alcázar. La Administración General del Estado, a través de la CHG, y la Junta de Comunidades, a través de la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda, financiarán a partes iguales los gastos de constitución y funcionamiento anuales del Consorcio. En concreto, para el año 2008 se acuerda un montante de 1,5 millones de euros.
Por su parte, el alcalde de Alcázar, José Fernando Sánchez Bódalo, calificó la jornada de ayer de “histórica” y recordó que alcázar representa el treinta por ciento del problema “y de la solución” del agua.