«Ha sido lo más frustrante de la legislatura». Con esta frase, referida a la imposibilidad de haber aprobado el Plan Hidrológico Nacional (PHN), despachaba en 1996 el entonces director general de Obras Hidráulicas, Adrián Baltanás, el balance de la gestión de José Borrell al frente del Ministerio de Obras Públicas en el último gobierno de Felipe González. El argumento no variaba mucho respecto a los actuales. El Ministerio culpaba del parón del PHN a la «crispación» producida por cuatro años de sequía y a la «coyuntura» política. Y a que, pese a aprobarlo el Gobierno, el Consejo Nacional del Agua, máximo órgano consultivo, exigía que antes de aprobarlo, era necesario contar con un Plan Nacional de Regadíos, un Libro Blanco del Agua y los correspondientes planes de cuenca. Y no todos estos deberes estaban hechos por el equipo de Borrell.
Ya se sabe que, casi siempre, los fracasos de los políticos se miden en crispaciones y coyunturas, pero en los cerca de diez años que los gobiernos de González estuvieron preparando el PHN, las tesis del PSOE estaban más en consonancia con el Plan que después aprobó el Gobierno de Aznar, que con el que modificó el actual Ejecutivo de Zapatero, sobre todo, en lo que se refiere a la política de trasvases.
Más agua que el del PP
El Plan Borrell, por supuesto, incluía las transferencias de agua entre cuencas. Incluso en su previsto trasvase del Ebro a Levante el volumen de agua a enviar, superaba al que, finalmente, fue aprobado durante el último gobierno del PP.
El propio Ministerio de Borrell reconocía en 1993 que el Ebro disponía de 5.000 hectómetros cúbicos anuales susceptibles de ser trasvasados y que podían «contribuir a resolver las necesidades razonables de otras cuencas que no tienen recursos». Claro que, también entonces, el Partido Popular, desde la oposición mostraba menos entusiasmo por los trasvases y ya apuntaba a la desalinización como una alternativa «menos costosa y menos traumática» que los trasvases. En cualquier caso, los populares tenían en cuenta ambas posibilidades como «complementarias». Y así quedó reflejado cuando, por fin, en 2001 el Gobierno del PP lograba sacar adelante el PHN, el primero después del aprobado en 1933, realizado por Indalecio Prieto.
Pero el Camino también fue largo y tortuoso. Cuando la ministra popular del ramo, Isabel Tocino, impulsora del nuevo PHN, consiguió aprobar los planes de cuenca, la actual ministra, entonces en la oposición, Cristina Narbona, las calificó de «operación de maquillaje» porque todas las obras estaban «vinculadas a los trasvases, decisión que corresponde al PHN».
No obstante, el PHN del PP conseguía el visto bueno del Consejo Nacional del Agua el 30 de enero de 2001 por la abrumadora mayoría de 69 votos a favor y 15 en contra y con una quiebra importante en las filas socialistas. Aragón, Baleares y Asturias se opusieron y la de Andalucía se mostró en contra, pero con matices, porque quería seguir negociando con el Gobierno. La sorpresa la dieron otras dos comunidades socialistas, la extremeña de Ibarra y la castellano-manchega de Bono. Éste recordaba en la actual campaña electoral su postura de siempre: « que se debe trasvasar el agua que sobre» ya que ahora no va «a cambiar de chaqueta, ni de posición».
La discrepancia en el seno del Partido Socialista se hizo visible incluso en las comunidades en las que no gobernaba. Por ejemplo durante la tramitación del PHN, los socialistas valencianos suscribieron con PP y Unión Valenciana una iniciativa a favor del trasvase del Ebro. Y algo similar ocurrió en Murcia.
Marcha atrás
Más tarde, cuando ERC y otros partidos nacionalistas minoritarios empezaron a tener las llaves de la gobernabilidad, empezaron los cambios de criterio, sobre todo en el PSOE y en CiU, que al principio apoyó el trasvase. La lucha por el voto, volvió a poner de moda lo de la «crispación y la coyuntura», de modo que CiU dio marcha atrás para apoyar la marcha atrás del PSOE en la derogación del trasvase del Ebro. Y ahí andamos de nuevo con la «crispación y la coyuntura», frente a la imprescindible visión de Estado necesaria para arreglar el sempiterno conflicto del agua.