Cataluña es una de las comunidades que más está sufriendo las consecuencias de la sequía hasta el extremo de que puede haber restricciones a partir de noviembre en la ciudad de Barcelona.

Ante esta situación, la Generalitat de Cataluña está estudiando varias fórmulas. La oficial hasta las elecciones generales del 9 de marzo, y que cuenta con los parabienes del Ministerio de Medio Ambiente, es que buques cisterna transportarán agua desde la desalinizadora de Carboneras (Almería) hasta Barcelona.

Pero existe otra posibilidad que cada día cobra más fuerza. Un trasvase del Ebro que permita abastecer a la ciudad Condal. El PSC mantiene, por el momento, una posición de cautela, al parecer por el malestar que podría crear entre sus socios de gobierno (Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya), ambos activos antitrasvasistas frente a unos socialistas más posibilistas. Aunque la transferencia hídrica aparece como la solución más económica y duradera que transportarla desde la desalinizadora de Carboneras, como en un primer momento se planteó desde el Govern.

El precio del agua desalinizada y transportada en barco es cinco veces más alta que la que pagan los agricultores en estos momentos y puede ser el doble de cara que la trasvasada.

Los propios expertos del Ministerio de Medio Ambiente sostienen en el estudio La sequía en España que el coste de un hectómetro cúbico de agua desalinizada oscila entre los 0,60 y 0,70 euros. A esta cantidad habría que sumarle el precio del transporte que puede alcanzar los 0,30. Con ello cada hectómetro llevado desde Almería les costaría un euro.

El precio del agua trasvasada depende de la distancia entre el lugar de la toma y el de llegada. Los agricultores valencianos iban a pagar unos 0,45 euros por cada hectómetro cúbico. Los usuarios del Tajo-Segura están pagando alrededor de 0,25. En el caso de que se apruebe la transferencia, el coste no llegaría ni a la mitad de lo que habría que desembolsar por transportar el agua desde la desalinizadora de Carboneras.

Cambio político
Las circunstancias han cambiado desde el pasado 9 de marzo. ERC sufrió un fuerte castigo en las elecciones generales y su posición dentro del tripartito se ha visto debilitada de forma que los socialistas están dejando de lado las iniciales cautelas. El PSC, por el contrario, se ha crecido y se siente más fuerte ante una eventual crisis.

CiU, por su parte, exigió ayer al conseller de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, que dé la cara y explique cuál es la posición del Govern. Además, acusó a los socialistas de engañar a los ciudadanos. Los convergentes no se oponen a los trasvases, aunque se inclina a que haya una transferencia desde el Ródano.

Frente a los problemas políticos que podría causar una decisión de estas características, el tiempo apremia. Sigue sin llover y se acerca el verano. Las soluciones tienen que tomarse de forma inmediata para evitar los cortes de suministro. Y la necesidad puede llevar a que todos los partidos olviden sus principios políticos. Pero el PSC puede convertirse en preso de sus propias palabras y del ambiente antitrasvasista que junto a sus socios ha contribuido a crear. De hecho el Gobierno socialista de Aragón y los regantes catalanes ya han manifestado su rechazo a la actuación.

La cautela es tal que la Generalitat catalana en ningún momento se ha atrevido a llamar al proyecto trasvase. Ha utilizado todo tipo de eufemismos para evitar una palabra que han convertido en políticamente incorrecta. El conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, rizó el rizo y calificó la operación como «captar agua del Segre». Aunque la actuación propuesta es un trasvase intercuencas con todas sus características, como el del Ebro a la Comunitat, el Tajo-Segura o el Júcar Vinalopó.

La primera opción que se plantea el Govern catalán es coger agua del Segre y a través del túnel del Cadí depositarla en el Llobregat a la altura del pantano La Baells. La segunda posibilidad que maneja la Generalitat catalana es prolongar el trasvase que lleva agua del Ebro desde Tortosa a Tarragona. La ampliación consistiría en una canalización de una veintena de kilómetros hasta enlazar con el consorcio de Aigües Ter-Llobregat que permitiría abastecer Barcelona.

La cautela de los socialistas catalanes parece avalada por el silencio que guarda el PSOE y el Ministerio de Medio Ambiente sobre el proyecto. Cristina Narbona, que hoy visita Barcelona, se escudó el lunes para evitar pronunciarse en que sólo es un estudio y que en cualquier caso no se ha presentado una petición formal.

Pero algo ha cambiado en la posición del Ministerio de Medio Ambiente. No hay que olvidar las continuas declaraciones de Narbona durante la pasada legislatura en la que cerraba la puerta a cualquier tipo de trasvase del Ebro. Durante la campaña electoral, los socialistas denunciaron que el PP había abandonado la idea de la transferencia, con lo que había engañado durante ocho años a los valencianos, y defendieron las bondades del Programa Agua. Fue uno de sus principales argumentos de campaña. Ahora esa oposición frontal se ha convertido en un silencio que parece decir mucho más que una declaración formal.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente resaltaron ayer que no tienen nada que decir, «ya que se trata de un estudio» y en cualquier caso «es un proyecto de la Generalitat catalana». Las mismas fuentes explicaron que la política hídrica del departamento que dirige Narbona se ha mantenido en la misma línea durante toda la legislatura.

Pero según dicha argumentación, el Ministerio tendría que haber rechazado de plano esta opción. Al menos así actuó cuando se planteó la posibilidad de un pequeño trasvase entre Xerta-Càlig, al norte de Castellón, que no fue aprobado por Medio Ambiente. Ahora, en cambio, todo son cautelas.

El Consell criticó duramente lo que considera una doble vara de medir del Gobierno. Fuentes de la Conselleria de Medio Ambiente explicaron que en coherencia con la política que han mantenido «estamos a favor de un trasvase de las zonas excedentarias a las deficitarias».

Pero en cualquier caso afirmaron que si el trasvase del Segre se aprueba, «nosotros pertenecemos a la Confederación Hidrográfica del Ebro y exigimos los 180 hectómetros cúbicos que nos pertenecen». «No puede haber dos políticas distintas dentro del Estado», sostuvieron las mismas fuentes de forma contundente.

Desde la Conselleria de Medio Ambiente señalaron que los problemas de abastecimiento a los que se enfrenta Cataluña como consecuencia de la sequía «evidencian el fracaso de la política hídrica del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y del Programa Agua». «En cuatro años no han traído ni una gota de agua», afirmaron y resaltaron que en el momento «en que se presenta una necesidad no acuden a las desalinizadoras, sino a lo más obvio y la única forma real de hacer frente a la sequía: los trasvases».

El director general de la Fundación Agua y Progreso, José Alberto Comos, también defendió el trasvase «por solidaridad», aunque precisó que ésta deber ser «multidireccional. Desde la Federación Nacional de Regantes (Fenacore) se mostraron partidarios de cualquier trasvase siempre y cuando se acompañe de las medidas necesarias para racionalizar el uso del agua y se minimice el impacto ambiental.