Las primeras sesiones del debate de investidura de José Luis Rodríguez Zapatero han servido para demostrar que el debate hídrico continúa siendo un asunto por resolver. La referencia del candidato a la presidencia del Gobierno a que estudiará un trasvase de agua desde el Ródano a Barcelona, después de rechazar sólo unos días antes el del Ebro, es el mejor reflejo de que el Gobierno todavía no tiene claro del todo la forma de afrontar la sequía.

Pero al mismo tiempo que Zapatero se enredaba con las desaladoras y los trasvases más o menos puntuales de agua, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, sacaba adelante en el Comité de las Regiones de la UE el documento ‘Afrontar el desafío de la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea’, -popularmente conocido como ‘informe Camps- en el que se plasman las propuestas de Bruselas para hacer frente al cambio climático y a la sequía que azota a buena parte del sur de Europa y que es consecuencia de este proceso.

En la sesión de ayer, el órgano en el que están representadas las regiones europeas aprobó el documento en el que se aboga por los trasvases como método para combatir la escasez de agua y la sequía en la Unión Europea. La importancia política del documento es máxima, toda vez que junto con otros documentos servirá de orientación para futuras políticas comunitarias en materia hídrica.

Y no sólo por eso, mientras PSOE y PP mantienen sus diferencias respecto a si las desaladoras o los trasvases de agua deben ser la medida prioritaria para hacer frente al déficit hídrico, el jefe del Gobierno valenciano lograba sacar adelante un documento en Europa que avala los trasvases que viene defendiendo históricamente el Gobierno valenciano.

En concreto, en un artículo se señala «que se consideran positivos los trasvases de recursos excedentes y otros intercambios de agua entre sistemas dentro de los estados miembros como medida de articulación de la solidaridad en materia de agua, siempre que quede garantizada la mejora del medio ambiente, la calidad de las masas de agua, la recuperación de los acuíferos y los caudales ecológicos».

En otro punto del informe se señala que la desalación «es un proceso de alto consumo energético y tiene un importante impacto medioambiental», por lo que «sólo debería considerarse como una opción en los casos en que los beneficios compensen dicho impacto».

La aprobación del documento se logró pese a las maniobras de las regiones gobernadas por el PSOE que maniobraron para tratar de aplazar la votación, con el argumento de que no se había dado suficiente tiempo para la presentación de enmiendas. Pese a ello, el documento final quedó aprobado con la incorporación de 43 enmiendas. Esa circunstancia no impidió el voto en contra de regiones como Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Galicia y Cataluña.

El caso de esta última región es particularmente llamativo, toda vez que es el propio Gobierno catalán el que está reclamando un trasvase de agua desde el Segre (un afluente del Ebro) a Barcelona. Tan lejos como el miércoles, el presidente de la Generalitat de Cataluña, José Montilla volvía a restar credibilidad a la opción de realizar un trasvase desde el Ródano, pero insistía en su apuesta por un trasvase del Segre. En el Comité de las Regiones, en cambio, Cataluña rechazó el informe que avala esos trasvases.

Francisco Camps destacó ayer que la defensa de los trasvases será a partir de ahora la postura oficial de todas las regiones europeas, a las que representa el CdR, y restó importancia al voto en contra de los representantes socialistas. Insistió en que «no hay alternativa a los trasvases» y puso como ejemplo el hecho de que el Gobierno catalán reclame ahora un trasvase del Segre para abastecer a Barcelona.

«Hoy se habla de trasvase a Barcelona porque no hay alternativa a los trasvases», aseguró Camps, que resaltó que el Gobierno tripartito está «dividido más que nunca» por esta cuestión. Arremetió contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por no haber hecho «las inversiones que correspondían» en materia de agua, en particular el pacto del agua de Aragón y el trasvase del Ebro.

«Con el Plan Hidrológico Nacional y con el trasvase del Ebro refrendado en este informe, hoy Barcelona no tendría las perspectivas de intranquilidad respecto a la escasez de agua para el consumo humano», insistió el presidente de la Generalitat valenciana.

Fuentes del Gobierno catalán explicaron a Europa Press que votaron en contra del ‘informe Camps’ porque están en contra de los trasvases. Las fuentes consultadas negaron que exista una contradicción con la defensa del trasvase del Ebro para abastecer a Barcelona. Y señalaron que este trasvase sería un «último recurso de emergencia» para hacer frente a la situación en la capital catalana «a corto plazo», y que tendría un carácter «provisional».