El Pleno del Congreso convalidó hoy por mayoría el real decreto-ley que regula la conducción temporal de agua de Barcelona, una medida ‘excepcional y urgente’ que garantizará el abastecimiento de agua a esta provincia, que atraviesa la sequía más grave desde que se tienen registros.

El congreso aprueba por mayoría la conducción

El real decreto-ley salió adelante con 318 votos favorables, uno en contra (Gaspar Llamazares) y dieciséis abstenciones (10 de CiU, 2 de ERC, 3 del grupo Mixto, y uno de la diputada del PP por Zaragoza, Luisa Fernanda Rudi).

Además, pese a la petición del PP (fue rechazada por 169 votos), el real decreto no se tramitará como proyecto de ley.

En defensa de la norma, la ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Elena Espinosa, recordó que las reservas hidráulicas de Cataluña están en el 23 por ciento de su capacidad -la media nacional es del 50%-, lo que ‘podría obligar a imponer restricciones al consumo doméstico a corto plazo’.

Explicó que, pese a que la población ha racionalizado el uso del agua, el área metropolitana de Barcelona necesita 19 hectómetros cúbicos al mes, y actualmente el caudal del Ebro sólo garantiza 15 hectómetros cúbicos, es decir, que hasta que no comience a funcionar la desalinizadora del Prat (en junio de 2009), la provincia de Barcelona tendrá un déficit de agua de 3,9 hectómetros.

Ante esta situación y dado que el agua es un bien de primera necesidad, dijo, ‘el Gobierno tiene la obligación de poner en marcha medidas coyunturales, similares a las establecidas en años precedentes en otras regiones’.

Por eso, el real decreto-ley prevé la construcción de una tubería de 62 kilómetros de longitud que reconducirá, temporalmente, agua de los regantes del Ebro ‘sin extraer una gota adicional’.

Esa conducción, subrayó, evitará restricciones en el consumo de agua de cinco millones de personas y, además, es la medida más ‘idónea y respetuosa con el medio ambiente’ de las posibles.

Sin embargo, el diputado del PP Juan de Dios Martínez acusó al Gobierno de aprobar un trasvase tras haber derogado el que incluía el Plan Hidrológico Nacional, que de haberse realizado, ‘hoy el problema estaría resuelto sin tener que mentir a los españoles’.

Además, preguntó a la ministra ‘¿qué tiene que pasar para que decidan resolver el problema del agua en Aragón, Valencia, Murcia o Almería?’ porque ‘millones de españoles tienen un problema grave y el Gobierno no puede seguir poniendo parches’ y porque ‘en España no puede haber privilegios’.

El diputado de CiU Pere Macias explicó que su grupo se abstendría en la votación de la norma porque ‘no podemos respaldarlo ni por las formas, engaños y mentiras parlamentarias, ni por la literalidad del texto legal’.

Además, denunció que en el clima mediterráneo la situación de sequía es ‘recurrente’, por lo que ‘sería más justo y progresista abandonar la política del apaño y abanderar soluciones definitivas en las que la palabra trasvase no fuera tabú’.

Joseba Aguirretxea (PNV) apoyó la norma ‘por solidaridad, responsabilidad política y sentido común’ y ‘para no perderse en frivolidades y disputas’ porque ‘la situación en Barcelona es crítica y cuanto antes se solucione, mejor’.

‘Este no es el momento de librar batallas bizantinas y semánticas porque todos tenemos derecho al agua y es un bien de primera necesidad’.

Joan Herrera (ICV) apoyó la medida porque es una solución ‘temporal, excepcional, reversible y de titularidad pública’ pero subrayó que España necesita con urgencia ‘una nueva cultura del agua’, basada en el ahorro, la gestión de la demanda y las garantías del suministro.

Joan Ridao (ERC) recordó que Cataluña lleva tres años de sequía y que necesita una solución urgente y esta medida, ‘no nos acaba de gustar pero es un mal menor’ que además no supondrá extraer ni una gota más del Ebro.

La diputada de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez, lamentó que la medida sea una ‘solución oportunista, en vez de estructural’ y reclamó un debate global sobre el agua ‘para evitar intereses locales y centrarse en la nación’.

José Luis Perestelo (Coalición Canaria) apoyó la medida pero recordó la falta de agua del archipiélago.