El presidente catalán, José Montilla, reconoció ayer por primera vez la posibilidad de que se derogue el minitrasvase del Ebro a Barcelona, que a partir de octubre debía garantizar el agua de boca a los 5,5 millones de personas que dependen de las cuencas internas de Cataluña. Entre un Gobierno del PSOE fuertemente presionado tanto desde Aragón como desde el Levante español y unos socios antitrasvasistas con fuertes intereses políticos en Tierras del Ebro, Montilla reclamaba ayer «no precipitarse» por las imágenes del Ebro desbordado y la previsión de más lluvias, pero reconoció por primera vez que la obra de interconexión entre Tarragona y Barcelona puede replantearse si persiste la lluvia.

De hecho, la Agencia Catalana del Agua (ACA) trabaja estos días a marchas forzadas para cerrar la estimación del porcentaje de agua embalsada, sumada a la situación de los acuíferos y los pozos de las cuencas internas que permita garantizar el suministro de agua hasta la entrada en funcionamiento de la desalinizadora de El Prat de Llobregat, prevista para junio de 2009. Un cáculo al que la Generalitat quiere supeditar la decisión del Gobierno, que debería tomarse en el Consejo de Ministros de mañana.

Embalses insuficientes

El hecho es que los socios minoritarios del Gobierno catalán, ERC e ICV, dan por suficientes las lluvias caídas en el mes de mayo más lluvioso del último siglo y aseguran que el agua embalsada en estas semanas será suficiente para garantizar el suministro durante el próximo año. Sin embargo, lo cierto es que esos cálculos cuentan con mantener el resto de las medidas de excepcionalidad adoptadas por la Generalitat -explotación de acuíferos, recuperación de pozos, recurso a las aguas freáticas para determinados usos y reutilización de aguas depuradas-. Y confían en que las lluvias vuelvan en octubre.

Pero lo cierto es que en los últimos tres años las cuencas internas de Cataluña sólo han embalsado agua en los meses de abril y mayo de 2007 y 2008, tal y como muestra el gráfico. Mientras lo habitual es que se acumule agua entre los meses de octubre y mayo, en Cataluña, las lluvias han llegado con seis meses de retraso durante este tiempo, lo que pone en cuestión los cálculos de quienes dan por suficiente el caudal acumulado este último mes. Sin olvidar la escasa capacidad de los embalses de la cuenca interna catalana, cuya capacidad prácticamente equivale al consumo normal de la zona a la que abastecen.

En estas condiciones, la renuncia al trasvase es una apuesta política forzada especialmente por ERC e ICV, fuertemente presionados por el coste político que podrían pagar por la simple realización de la obra. En otras palabras, en unas condiciones de mejora parcial, la apuesta de republicanos y ecosocialistas es una decisión puramente política de suprimir la medida que más coste les supone.

Hasta ahora, el PSC de Montilla había resistido esta presión, empeñado en una interconexión que los socialistas han defendido históricamente pese a su oposición al Plan Hidrológico Nacional, pero el presidente de la Generalitat tuvo que ceder terreno ayer, ante el peligro de verse enmendado de nuevo -como sucedió cuando el Gobierno aprobó el trasvase tras rechazar la apuesta catalana por el Segre- por el Consejo de Ministros del viernes.

Montilla, en una entrevista en Onda Cero, recordó que los embalses catalanes están al 45% de su capacidad, un 10% menos que hace un año, lo que no permite derogar en este momento el decreto para paliar la sequía. Pero avanzó que «habrá que replanteárselo todo» si sigue lloviendo en los próximos días y se incrementa la capacidad los embalses de las cuencas internas. «Puede darse el escenario de que no haga falta aportar agua y estaría encantado de renunciar a ella si se dan estas circunstancias», apuntó.

En este contexto, recordó que la sequía nada tiene que ver con el desbordamiento del Ebro, puesto que este río no abastece a la mayoría de la población catalana. En cualquier caso, pidió al Gobierno de Aragón que esté «tranquilo» y recordó que el Ebro es de los territorios por donde pasa, entre ellos Cataluña.

El presidente catalán advirtió, además, de que la derogación del trasvase no supondrá la renuncia a la interconexión de cuencas para unir el Consorcio de Aguas de Tarragona con el sistema Ter-Llobregat a partir de la conexión entre las futuras desalinizadoras de El Prat y Cunit.

Montilla hizo estas afirmaciones después de que su consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, anunciara que la Generalitat «está analizando la no materialización de la cañería y por lo tanto analizaremos como funcionaría el sistema con la derogación del decreto ley». De momento la Generalitat ya ha decidido no prorrogar la contratación de aguas para traerla a Barcelona, que se mantendrá hasta el 15 de agosto.

El cambio de postura del Gobierno catalán llegó después de que la portavoz de ERC en el Parlamento autonómico, Anna Simó, ironizara en la Cámara con respecto a quién «hace ruido» sobre el agua en el seno del gobierno tripartito, habida cuenta de que republicanos y ecosocialistas coinciden en la necesidad de derogar el trasvase. ERC e ICV insistieron además en eliminar lo.

Entre tanto, los grupos de la oposición -CiU, PP y Ciutadans- pidieron a Montilla que se mantenga «firme» ante sus socios y construya la tubería prevista entre Ol_rdola (Barcelona) y Tarragona, al tiempo que censuraron la falta de unidad en el tripartito.

El Ebro recela

La Plataforma en Defensa del Ebro (PDE) recibió con cautela los indicios de que el Gobierno podría renunciar a la construcción de la tubería de la prolongación del minitrasvase del Ebro a Barcelona. Los portavoces de la plataforma añadieron que también se opondrán a la conexión de las desalinizadoras de Cunit y El Prat prevista por la Generalitat. Manolo Tomás, portavoz de la PDE, apuntó que «nos tememos que el Gobierno de Madrid tenga un as en la manga» y añadió, en referencia a la Generalitat, que «dentro de su obsesión por hacer la tubería, estamos seguros de que tienen un conejo en la chistera».