El secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu, confirmó ayer que el Gobierno está apoyando a representantes agrarios en su negociación con la patronal eléctrica para que se establezca una nueva prórroga de las tarifas eléctricas especiales para riegos agrícolas, que en principio deberían desaparecer el próximo 1 de julio.

El Ministerio de Medio Rural quiere que tal prórroga se consiga y para ello está esgrimiendo ante las eléctricas y otros departamentos del Gobierno el argumento de que la situación económica del sector agrario no es boyante y no se le puede abocar a un encarecimiento súbito de los costes eléctricos que pondría en riesgo de desaparecer a muchos subsectores del campo.

Además, la masiva modernización de regadíos se basa precisamente en la instalación del riego localizado, y eso, que se traduce en ahorros de agua para toda la sociedad, supone a la vez aumentos considerables del gasto de energía, por lo que los regantes se ven abocados a una situación en la que han invertido para mejorar y ahorrar caudales y, en cambio, se sienten penalizados con el sobrecoste eléctrico.

El menor coste de las tarifas de riego no está en el precio del kilovatio/hora consumido, que incluso es algo superior que en otras tarifas actuales, sino en el del kilovatio de potencia contratada (el término conocido popularmente como ‘el mínimo’), algo fundamental para una actividad que es muy estacional.

La propuesta consiste en prorrogar de nuevo la continuidad de las tarifas de riego y negociar a partir de ahí un nuevo sistema que, dentro de la liberalización general del sector eléctrico, reconozca las peculiaridades de la agricultura. Industria, en cambio, es partidaria de zanjar un trato que considera de favor y que cada palo aguante su vela.