La depuración de las aguas que se utilizan en nuestras ciudades y pueblos es una cuestión pendiente de resolver, que sigue provocando problemas ambientales y que hasta ahora no había sido abordada en serio y con un enfoque global en nuestra región. Ahora, la Junta de Comunidades parece dispuesta a afrontar un gran plan, el segundo, que además de hacer nuevas instalaciones vendrá a corregir los no pocos defectos y problemas que se arrastran desde actuaciones anteriores. La apuesta es seria, al menos en lo económico: más de novecientos millones de euros hasta el 2015.

En la provincia de Albacete la inversión prevista es de 106.289.062 euros, más trece millones de euros anuales de explotación y mantenimiento anual.

La fecha no es casual; ese es el horizonte que fija la Directiva Marco del Agua del año 2000, que establece que en ese año debe conseguirse en el territorio de la Unión Europea el buen estado ecológico de todas las masas de agua.

Porque este segundo plan, que acaba de salir a información pública, abarca a Castilla-La Mancha y a todos sus municipios, grandes, medianos y pequeños. Se prevén distintas instalaciones en cada caso, pero finalmente el resultado debe ser que en ningún sitio se viertan al medio ambiente aguas contaminadas.

El II Plan director de depuración ha sido elaborado por la Consejería de Ordenación del Territorio y Vivienda y su Entidad Pública de Aguas de Castilla-La Mancha, y viene a suceder al I Plan Director de Depuración de Aguas Residuales de 1996.

Puesta al día

La primera finalidad de este proyecto ha sido realizar un riguroso diagnóstico de la situación de la depuración en la Región, sobre el que se planifican la construcción de nuevas depuradoras y la adaptación de las actuales (muchas de ellas en mal estado) a la normativa europea.

Y los propios datos del plan lo evidencian con claridad. En la provincia de Albacete, el censo revela que hay 114 depuradoras, de las que están en funcionamiento correcto 47, menos de la mitad. Otras 41 están aún en construcción, en tres hay mal funcionamiento, y 21 sencillamente no funcionan.

La finalidad principal del plan (que sigue la directiva europea) es la protección del medio ambiente, reduciendo las cargas contaminantes de las aguas residuales urbanas. Para esto, el objetivo último del Plan es la depuración del cien por cien de las aguas residuales generadas en las aglomeraciones urbanas de la Región. Para ello, el II Plan establece una serie de criterios que deberán cumplirse en materias de calidad de las aguas, tratamientos de depuración, o la gestión de lodos y caudales depurados, entre otros.

La revisión de instalaciones ya existentes se hace en algunos casos porque se han quedado técnicamente obsoletas, en otros porque son pequeñas para la población que deben atender, y en algunos casos porque han dejado de funcionar por problemas de averías o falta de mantenimiento adecuado.

Cada instalación tendrá unas características distintas, según el lugar en que se instale. Hay criterios más rigurosos, por ejemplo, en las grandes ciudades y poblaciones de más de 10.000 habitantes, con vertidos más caudalosos y generalmente también más contaminados.

Los tratamientos en pequeños municipios serán más básicos, aunque hay excepciones. Es el caso de depuradoras que vayan a hacer su vertido en lugares protegidos o de gran valor medioambiental, como es el caso de las Lagunas de Ruidera; en estas situaciones, el tratamiento de las aguas es mayor, de modo que no provoquen efectos negativos en el entorno. Una vez que se completen las actuaciones, la situación se irá revisando cada cinco años, tal y como marca la Ley del Ciclo Integral del Agua de Castilla-La Mancha.

En cuanto a previsiones de inversión, el plan ha estimado en más de 928 millones de euros la construcción de infraestructuras o renovación de las actuales, y una media de 75 millones de euros anuales en concepto de explotación y mantenimiento de instalaciones.

Para alcanzar estas grandes cifras, se prevé una financiación a través de distintas vías, como son los Fondos Europeos, los Presupuestos Generales del Estado, el Presupuesto de la Junta de Castilla-La Mancha o de las corporaciones locales, así como la financiación procedente de los promotores de nuevos desarrollos urbanísticos.

En la comunidad, para el pago de la gestión de las depuradoras se creó el canon de depuración, como ingreso de derecho público con naturaleza de tasa, a pagar por la población que se beneficie de estas obras. No es fácil gestionar el agua en Castilla-La Mancha. Ni la de abastecimiento, ni tampoco la de los vertidos.

A la existencia de un extenso territorio de 80.000 kilómetros cuadrados, con más de 900 municipios y más de medio millar de instalaciones de depuración previstas, se une el hecho de que la región está afectada por siete confederaciones hidrográficas distintas.

Estas entidades, que son las responsables principales del control de los vertidos, son las de Tajo, Guadiana, Guadalquivir, Júcar, Segura, Ebro y Duero.

En el caso de la provincia de Albacete, 62 depuradoras están en el ámbito de la cuenca del Júcar; 31 en la del Segura, 12 en la del Guadalquivir, y 9 en la del Guadiana.

Además, hay que tener en cuenta que a la Región llegan aguas evacuadas en otras comunidades, y que las aguas vertidas aquí van a parar a cauces que pasan por otras regiones.