El Gobierno y las organizaciones agrarias de Castilla-La Mancha mostraron ayer su oposición y rechazo a la posibilidad de que el Consejo de Ministros, previa proposición de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, autorice un trasvase de 75,5 hectómetros cúbicos de los que 35,5 serían para regadío.

El Ejecutivo de Castilla-La Mancha, por medio de su director general del Agua, José Fernando Ortega, ha hecho un llamamiento al Gobierno de España para que no atienda la propuesta de un nuevo trasvase para regadío de la cuenca del Tajo a la del Segura, que sería «imprudente, injustificado e innecesario».

El secretario regional de COAG-IR, Apolonio Moreno, defendió que su organización nunca se opondrá a que se trasvase agua para el abastecimiento humano, pero instó a todos los regantes a seguir «las reglas que se aplican los del Guadiana».

El responsable de UPA, Julián Morcillo, aseguró que el trasvase Tajo-Segura es una «injusticia histórica y una obra del pasado», más cuando «hay pueblos en Castilla-La Mancha que tienen que abastecer a sus habitantes con camiones cisterna, cuando encima ven pasar el agua hacia Levante».

El secretario regional de Asaja defendió que mientras no haya una política hidráulica nacional no se podrá garantizar «agua para todos», y acusó a los integrantes de la Comisión de Explotación del Tajo-Segura de «estar ciegos» , por no ver la situación de los embalses de cabecera.

También expresó su rechazo la titular regional de Agricultura, Mercedes Gómez, quien reiteró que el Gobierno castellanomanchego siempre ofrecerá agua para beber, pero no consentirá el uso de agua para regadíos, además cuando nunca se ha podido comprobar que esos recursos se han destinado a tal fin.