Un nuevo capítulo de la batalla hídrica entre comunidades que lleva años enquistado en España. El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, se mostró ayer muy crítico con el Gobierno de España y mostró cierta distancia ante el presunto giro que parece haber emprendido hacia posturas más favorables respecto a los trasvases.
Cabe recordar que Barreda, junto a la número dos del PP María Dolores de Cospedal, es el principal defensor del estatuto de Castilla-La Mancha, que pretende acabar con el trasvase Tajo-Segura en 2015, una infraestructura vital para la economía de Alicante.
Barreda opinó en una entrevista en el el diario La Razón, que «resulta intelectualmente repugnante aceptar un trasvase desde la cabecera (en referencia al Tajo-Segura, que tiene su toma en La Mancha) y negar otro desde la desembocadura(refiriéndose al Ebro)».
El presidente manchego respondía así a las declaraciones de los últimos días del secretario de Estado de Medio Ambiente, Josep Puxeu, quien reconoció el «error» que supone «gestionar el agua desde los dogmas» -el no por sistema a los envíos de agua entre cuencas.
Barreda afirmó: «Decir que hay que gobernar sin dogmas es una evidencia. Yo suscribo eso, en esto y en todo lo demás: no se puede ser dogmático, pero hay que ser coherente. No se trata sólo de hacerlo allí donde hay más debilidad política, menos habitantes o menos diputados. Esa no es la coherencia hidrológica. Eso sería otra coherencia, pero si sacamos pecho para los trasvases, ¿nos olvidamos definitivamente del Ebro?». El presidente manchego, del PSOE, insinuaba con estas afirmaciones que la defensa que hace el Gobierno del Tajo-Segura y la negativa del obra del Ebro atiende a intereses estratégicos. «Todavía no he encontrado a nadie que me haya podido justificar un caso sí y otro, no. Desde la lógica de la planificación hidrológica, no; desde otras, a lo mejor. Pero, entonces hablemos con claridad», argumentó.
Retirada del estatuto
José María Barreda, además, aseguró que «mantiene» la postura inicial respecto a la tramitación en las Cortes Generales del Estatuto de Castilla-La Mancha y si los intereses de su autonomía «no mejoran sustancialmente», el texto será retirado del proceso.
