Hace ya un año, aproximadamente, la Junta Central de Regantes de la Mancha Oriental y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha advirtieron que la sentencia del Supremo de octubre de 2004 iba a ser el hueso más duro de roer de todo el proceso de revisión del Plan Hidrológico de Cuenca del Júcar (PHCJ).

Un año más tarde, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha reconocido lo que era un secreto a voces. No sólo se retrasan los trabajos de dicha revisión sino que, además, la causa de este retraso es la aplicación de esta sentencia, que se ha vuelto todo un nudo gordiano para el organismo de cuenca, de dificilísima solución a la vista de todos los intereses contrapuestos que hay en torno al PHCJ.

Durante esta semana, la CHJ se ha dirigido a los organismos y entidades que integran el Foro de la Participación del proceso de planificación -La Tribuna es, precisamente, uno de ellos- para reconocer que el proceso de revisión está resultando bastante más difícil de lo previsto.

«Los trabajos de elaboración del Esquema de Temas Importantes -señala la CHJ en su escrito- están muy avanzados desde el punto de vista técnico, pero todavía no se ha iniciado su consulta pública ante la falta de concreción del ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar».

En todo caso, prosigue la carta dirigida a todos los miembros del Foro de Participación, «se espera que ésta pueda iniciarse a lo largo del primer trimestre de 2009». De esta forma, se confirma lo que los propios regantes manchegos dijeron en su día. Que mientras no se resuelva la aplicación de este fallo, no habrá revisión del Plan.

cuatro años sin solución. Al margen de las valoraciones contrapuestas de esta sentencia, sea de la Mancha o sea desde Valencia, este fallo, emitido hace ya cuatro años, ha llegado a condicionar todos los debates de peso de la revisión del Plan.

De aplicarse literalmente -que es lo que se defiende desde La Mancha desde 2004- quedarían fuera del Júcar hasta 10 sistemas distintos que, actualmente, forman parte del ámbito de la CHJ.

Hasta la ciudad de Valencia, que depende del Turia, quedaría fuera y la ciudad de Albacete se convertiría en la mayor concentración urbana de toda la cuenca.

Además, si las cuencas internas de la Comunidad Valenciana pasasen a estar gestionadas por la Generalitat, todas las transferencias de agua que se hiciesen desde el Júcar tendrían la consideración de trasvases, que deberían estar regulados por una ley como la del Tajo-Segura.

La Ley de Aguas, por otra parte, establece el principio de preferencia de la cuenca cedente, de forma que, aplicando ese principio, el Júcar pasaría a tener agua más que suficiente para atender las necesidades ambientales, de abastecimiento, de regadío e industriales. Por eso, no es de extrañar que esta sentencia un impacto tan grande.