La Generalitat Valenciana ha renunciado a gestionar el río Vinalopó y los recursos hídricos en L’Alacantí haciendo uso de las competencias que le otorga el Estatut de Autonomía y la sentencia de Tribunal Supremo de octubre de 2004, que invalidó algunos artículos del Plan Hidrológico del Júcar y recordó que son los gobiernos autonómicos quienes tienen que ejercer las competencias hídricas en las cuencas hidrográficas intracomunitarias.
La Generalitat había eludido hasta ahora pronunciarse sobre qué cuencas quiere gestionar en cumplimiento del propio Estatut y de la Constitución, pese a que su indefinición está provocando ya importantes retrasos en la elaboración del nuevo Plan Hidrológico de la Demarcación Júcar que debería estar finalizado en 2009.
Según pudo saber Levante-EMV, el Consell ha remitido un documento al Ministerio de Medio Ambiente en el que finalmente se constata la derrota de las tesis «autonomistas»- partidarias de asumir las competencias sobre el mayor número posible de cuencas hidrográficas- y el triunfo de quienes creen que es mejor dejar en manos del Estado la mayor parte de la gestión del agua, incluso renunciando a las competencias en sistemas de explotación como el de Vinalopó-L’Alacantí, uno de los más problemáticas, por otra parte.
Según esta posición ya oficial, la Generalitat solo quiere asumir las cuencas que «objetivamente» son intracomunitarias, lo que incluye los actuales sistemas de explotación del río Serpis y los de Marina Alta y Baja. Sin embargo, existen otros dos sistemas «mixtos» gestionados históricamente en la Confederación que son el Cenia-Maestrazgo, donde el Cenia sería intercomunitario y Maestrazgo intracomunitario; y el Vinalopó (intercomunitario)-Alacantí (intracomunitario).
Para el primer caso es posible una división de modo que el Maestrazgo sería competencia autonómica y el Cenia estatal. Sin embargo, la Generalitat no quiere saber nada del Alacantí-Vinalopó.
Finalmente, la tesis que ha triunfado en la Generalitat es la que persigue mantener una Demarcación Júcar fuerte gestionada por el Estado y con el mayor territorio posible y población perteneciente a la Comunitat Valenciana, mientras pretende que Castilla-La Mancha tenga menos peso geográfico y poblacional para evitar que asuma una posición mayoritaria en los órganos de gestión de la futura demarcación del Júcar, que sustituirá a la actual Confederación Hidrográfica del Júcar.
Respecto al Vinalopó, Castilla-La Mancha quiere que salga de la demarcación Júcar para convertir la transferencia en construcción en un verdadero trasvase en términos administrativos y exigir a continuación que se regule por una ley como la del Tajo-Segura.
En la actualidad, el trasvase Júcar-Vinalopó es solo una «transferencia» dentro de la misma gran cuenca hidrográfica-la el Júcar- y en la Generalitat se piensa que asumirlo como cuenca propia en el sistema Vinalopó-Alacantí, daría luz verde a Castilla-la Mancha para comenzar a cuestionar el «trasvase», como hace con el Tajo-Segura, y reclamando prioridad para los consumos en la Mancha en detrimento de los envíos al Vinalopó.
Además, podría intentar un traslado de la sede de la Confederación del Júcar a Albacete.
Mientras tanto, fuentes del ministerio de Medio Ambiente estiman que el «poder» de las autonomías en la gestión de las futuras demarcaciones hidrográficas no supera «un tercio» de la composición de los órganos de Gobierno, por lo que no acaban de ver «sentido» a las estrategias lanzadas desde Castilla-La Mancha y Valencia.
Territorio
En esta partida de ajedrez en la que Castilla-La Mancha quiere sacar no solo el Vinalopó sino incluso el Turia y la propia Albufera de la cuenca del Júcar y la Generalitat Valenciana juega justo a lo contrario: Desde el Gobierno valenciano se ha instado al Gobierno a que la junta castellano-manchega se quede para gestión propia con la cuenca endorreica de Pozohondo, una zona sin cauces definidos situada en medio de la llanura manchega y que actualmente está adscrita al Júcar. Son solo 256 kilómetros cuadrados, pero todo cuenta.
Probablemente, la delimitación de las demarcaciones tenga que resolverse finalmente en el Tribunal Supremo si no se alcanzan acuerdos durante la negociación del nuevo Plan Hidrológico del Júcar.