Cuando el debate sobre la inclusión de una cláusula de caducidad del trasvase Tajo-Segura se halla más vivo que nunca, el Consejo de Ministros aprobó ayer la puesta en marcha de otro trasvase que tomará el agua desde la cabecera de esta infraestructura, en Cuenca, y la irá repartiendo por toda la Mancha hasta Puertollano (Ciudad Real).
La transferencia, conocida como «tubería manchega», cuenta con un presupuesto de 200 millones de euros, cifra similar al coste del trasvase Júcar-Vinalopó, y cuenta con el beneplácito -no en vano, son las impulsoras de la obra- de dos de las administraciones públicas más beligerantes con los trasvases en España: el Gobierno central y la Junta de Castilla-La Mancha.
Con la aprobación de la inversión, además, el Ejecutivo socialista evidencia una doble vara de medir. Mientras que la Junta amenaza con poner fin al Tajo-Segura en 2015 y el Gobierno central avisa que los trasvases al Segura irán reduciéndose con el tiempo -aunque ayer, coincidiendo con la del nuevo trasvase manchego, se aprobaron 24,5 hectómetros cúbicos para abastecimiento a poblaciones y 20 hectómetros cúbicos para el riego para Murcia y Alicante-, el Consejo de Ministros dio vía libre a una nueva transferencia, que se nutre de esta conducción.
El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero, aclaró el pasado jueves esta contradicción: «La tubería manchega supone el fin del Tajo-Segura como se concibió, llevándose el agua sin dejársela a los castellanomanchegos». Es decir, que se dirija a la Mancha en detrimento de Murcia y Alicante.
El proyecto, que recoge 424 kilómetros de canalizaciones que se extienden a lo largo de cuatro provincias, se remonta al Gobierno de Felipe González. El plan permaneció congelado hasta que en 2005, la entonces ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, opositora acérrima de los trasvases entre cuencas hidrográficas, firmó con el presidente castellanomanchego, José María Barreda, el comienzo de las primeras obras -la canalización principal ya está, en parte, en marcha-. Y es que el Plan AGUA, que no incluyó el Trasvase del Ebro, recogía esta conducción.
Pese a que parte de los recursos se utilizarán para recargar los acuíferos de las zonas húmedas del Guadiana -entre las que se encuentra el Parque Nacional de las Tablas de Daimiel-, lo que supone una intercambio entre cuencas, Narbona dio el plácet a la obra.
Otra faceta del proyecto aprobado radica en el ofrecimiento del Gobierno de Extremadura de un trasvase desde el Tajo medio al Tajo-Segura para satisfacer las necesidades hídricas de Murcia y Alicante. Se daría la paradoja que la conducción atravesaría toda la Mancha «regada» por la «tubería manchega».
Agua de más calidad
La razón por la que el Gobierno castellanomanchego no se plantea tomar los recursos hídricos por esta toma se hallaría en la calidad de sus aguas: en la cabecera del Tajo es notablemente mejor que en su curso medio -la que se ofrece a la Comunidad y a Murcia-, que ya ha recogido las aguas residuales de Madrid y su área metropolitana y de la que se duda que sea apta incluso para el regadío por su alta contaminación.