Hoy, 22 de marzo, se celebra el Día Mundial del Agua y para conmemorar esta fecha en Castilla-La Mancha se ha elegido el lema «Agua y Dignidad». El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Julián Sánchez Pingarrón, máximo responsable en materia de agua en la región, asegura que «decir dignidad tiene que ver mucho con la posición de Castilla-La Mancha con relación al agua, Es un recurso imprescindible para el desarrollo de la comunidad autónoma y lo exigimos desde todas las esferas públicas; exigimos que se nos trate con dignidad para reivindicar lo que necesitamos para nuestro desarrollo. Que se nos dé prioridad para utilizar el agua que se genera en nuestras cuencas».
-¿Qué repercusión puede tener para los intereses de Castilla-La Mancha la manifestación celebrada en Murcia en contra del Estatuto y a favor del trasvase Tajo-Segura?
-Creo que debería respetarse desde todos los territorios y desde todas las instituciones a las Cortes de Castilla-La Mancha, que aprobaron por unanimidad esta reforma del Estatuto, al Congreso de los Diputados, que está haciendo su trabajo, y a todos los ciudadanos, que a través de sus representantes son los que han formulado su opinión con respecto al Estatuto. La manifestación es un ejemplo de falta de generosidad respecto a la solidaridad que siempre ha tenido Castilla-La Mancha con el Levante. Eché en falta en esa manifestación una pancarta aludiera al agradecimiento a los 10.000 hectómetros cúbicos que se han enviado desde Castilla-La Mancha a esas tierras. Por mucho que se quieran manifestar, las decisiones sobre el Estatuto de Autonomía se deben tomar en Castilla-La Mancha, en las Cortes, y en el Congreso de los Diputados, no en la calle.
-¿Cree que se va a conseguir poner fecha de caducidad al trasvase?
-Quiero ser respetuoso con lo que se está debatiendo en la comisión del Congreso que estudia el Estatuto y, por tanto, es ahí donde se decidirá. Lo que sí ha quedado muy claro es que tenemos una necesidad, que se ha puesto de manifiesto con nuestra propuesta de reforma del Estatuto y, sin perjuicio de lo que ocurra, lo que sí hemos conseguido es que todo el mundo conozca el problema del agua en Castilla-La Mancha. El discurso del presidente Barreda en el Congreso de los Diputados explicando el Estatuto y nuestras necesidades del agua, fue aleccionador y clarísimo para muchos diputados que ni siquiera sabían cuál era el problema del agua en Castilla-La Mancha; hemos conseguido elevar a rango de debate nacional un problema que sólo conocíamos en Castilla-La Mancha.
-Algunas voces hablan de que no es tan importante poner una fecha como que se realicen las infraestructuras hidráulicas necesarias.
-Las dos cosas son importantes. La fecha de caducidad en 2015 no es caprichosa ni arbitraria, la impone la directiva marco europea en materia de agua, es la fecha en la que debe garantizarse el buen estado y la conservación de las masas de agua. En el Tajo no se está dando y se puede comprobar en Toledo, donde no está en buena situación de conservación. Y es porque el caudal ecológico del Tajo se está reteniendo artificialmente para incrementar la reserva de los pantanos para enviarlas al Levante. Mantener el caudal ecológico es una obligación de exige a todas las autoridades europeas la directiva marco del agua y la fecha de 2015 venía por esas circunstancias. Pero también hay que trabajar en las infraestructuras, no sólo conseguir esa caducidad sino garantizar todos los usos que requiere la región, porque sumando los recursos y el caudal ecológico para garantizar el buen estado de las masas de agua, se verá que no hay excedentes y que no es posible trasvases.
-¿Los planes de cuenca pueden ser una solución a estos problemas?
-Estamos trabajando mucho en los planes de cuenca; son fundamentales para dar a conocer nuestras necesidades y es la forma de participar de las comunidades autónomos en materia de agua. Citar una anécdota, en el Plan Hidrológico del Tajo, en una de las reuniones de participación, se quiso sentar en la mesa el director general del Agua de Murcia; tuvimos que intervenir para que no estuviera presente en esa reunión; sería significativo que se quisiera regular el Tajo desde otro río. Es importante que estén representadas todas las comunidades que participan de cada río, que tengan un peso específico proporcional a lo que representa el río en su territorio y que puedan hacer llegar sus consideraciones.
-El Plan Especial del Alto Guadiana tampoco está exento de polémica. Organizaciones como Asaja critican que los pasos que se están dando son lentos y que el Gobierno no está cumpliendo con los compromisos ni ha asignado el suficiente presupuesto para la compra de derechos.
-Es un plan muy ambicioso, muy amplio y requiere un tiempo para su puesta en marcha. Pero son dificultades propias de un plan a 20 años, no quiere decir que no esté funcionando. Trata de establecer la regeneración hídrica de nuestros acuíferos que estaban sobreexplotados y a la vez mantener la renta de los agricultores que vivían de esos acuíferos. Es un plan que para que dé resultados tienen que pasar años. Tenemos que invertir la tendencia que se producía, con más extracciones que aportaciones, para equilibrar, sobre todo sin perjudicar a los agricultores que vivían de esos regadíos. Está abierta una nueva compra de derechos, con un presupuesto de 20 millones de euros, para poder recuperar el agua, regularizar extracciones en aquellos usos que son incompatibles con la preservación del acuífero; se han puesto en marcha muchas medidas de control, como instalación de caudalímetros, de medición de todas las extracciones. El plan contempla una gestión compartida, al 50% por la Administración del Estado y el Gobierno de Castilla-La Mancha, y estamos muy satisfechos de haberlo conseguido.
-¿Está garantizado el abastecimiento de agua en todos los pueblos de la región? Los ribereños temen que la manifestación de Murcia provoque la aprobación de un nuevo trasvase.
-En estos momentos está garantizado el abastecimiento de agua, salvo que surjan problemas puntuales de averías. En nuestros pantanos las reservas de agua están a un 28% de su capacidad, y los de la cabecera del Tajo, Entrepeñas y Buendía, al 20%, en concreto con unos 500 hectómetros cúbicos. Esta situación es mejor a la de hace un año, pero teniendo un 20% de agua embalsada, lo que sí se aconseja es mucha prudencia en la gestión y priorizar las necesidades de abastecimiento; estamos para garantizar el abastecimiento pero no para otros usos.
-El incremento de la población conlleva un aumento del consumo de agua. ¿Estamos preparados para asumir este incremento demográfico con infraestructuras hidráulicas adecuadas?
-Sí estamos preparados. Precisamente, las zonas con mayor crecimiento demográficos son las de la cuenca del Tajo, comarcas de las provincias de Guadalajara y Toledo cuyos recursos proceden del Tajo. Y teniendo prioridad la cuenca cedente, debemos estimar que nunca debería faltar agua para los municipios que beben del Tajo. Pero hay que distinguir entre lo que es el recurso, que existe, y la infraestructura, que es lo que hay que mejorar. El recurso está garantizado y se están realizando inversiones muy fuertes en infraestructuras para mejorar las traídas de agua.
-¿Qué obras hidráulicas destacaría de esta legislatura?
-El año 2005, en la legislatura anterior, fue el de los grandes acuerdos con el Ministerio de Medio Ambiente para acometer esas infraestructuras tan importantes para el desarrollo de la región; ésta va a ser la legislatura de su ejecución. Están prácticamente todas en marcha, son más de 1.500 millones de euros de inversión en la región, que van a mejorar los sistemas de abastecimiento de 500 municipios. El sistema de Picadas está terminado y se va a poner en servicio de manera inmediata. La Tubería Manchega está en plena ejecución y se terminará en los primeros meses de 2011. Todo el abastecimiento a los municipios colindantes con el trasvase -por los que pasaba el agua pero no dejaba ni una gota-, están también en fase de expropiación, previa a la construcción de todas las tuberías. Todas las fases de sustitución de bombeos en el Júcar, para evitar extraer agua de acuíferos y utilizar el agua del pantano de Alarcón, están en ejecución. Será también la legislatura de los planes hidrológicos, todos en fase de elaboración. Castilla-la mancha es una de las regiones con una gestión más compleja, porque participamos en siete cuencas hidrográficas.
-¿Cuáles son?
-Las principales: Tajo, Guadiana, Júcar y Segura, pero también formamos parte de Guadalquivir, Ebro y Duero. Estamos asistiendo a todos los planes hidrológicos para hacer ver cuáles son las necesidades. Otro tema importante para esta legislatura es la puesta en marcha de la Agencia del Agua. Queremos que se convierta en el germen de nuestra administración hidráulica.
-¿Y qué pasará con la empresa pública Aguas de Castilla-La Mancha?
-Se va a integrar en la Agencia. Es una empresa de inversiones en materia de agua, para construir depuradoras o redes de abastecimiento, pero la Agencia va a unir todas las competencias que tiene la Junta en materia de agua. Se trata de tener una visión conjunta de todas las competencias. Se concentrarán todas en un único organismo.
-Ha hablado de depuración de aguas, otra de las grandes inversiones de los últimos años.
-Estamos invirtiendo mucho en instalación de plantas depuradoras porque, dentro del ciclo integral del agua, tenemos que pelear por tener buenos abastecimientos, pero también ser responsables y que todo el agua que utilice la población se devuelva a los cauces de los ríos en buen estado. Entre lo ya construido y lo que está en fase de construcción, el 90% de la población de la región está atendida por sistemas de depuración, lo que es un índice muy importante.
-Sin embargo, en los últimos días los ecologistas han denunciado que una obra realizada en el cauce del río Júcar, en Albacete, es ilegal y puede causar un grave daño ecológico.
-Respecto a la depuradora de Jorquera, en Albacete, el proyecto fue sometido a información pública, como es obligatorio, y no se recibió alegación por parte de nadie, ni de los ecologistas ni de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Al inicio de las obras, fue la Confederación la que nos comunicó que la depuradora podía estar en una zona inundable, no es que incumpliera nada, sino que el sitio que se había elegido podría estar en una zona que en momentos de máxima capacidad del Júcar se podría inundar. En ese momento, se paralizaron las obras y si se comprueba que está en zona inundable se cambiará la ubicación. Es así de sencillo y los ecologistas, si lo sabían, podrían haberlo advertido en el periodo de información pública. No vamos a hacer ninguna inversión que no sea respetuosa con las normativas medioambientales.
-¿Es caro el agua en la región?
-En primer lugar, el agua no es un bien de mercado, no debería tener precio, es un recurso y patrimonio para todos los ciudadanos; no obstante, debe asociarse a un precio por los servicios que cuesta bombearla, potabilizarla, trasladarla a los puntos de consumo. Es importante que tenga un precio porque ayuda a concienciar de que es un recurso escaso y que hay que utilizarla con racionalidad. Considero que el precio en la región es moderado y depende de las dificultades que haya en cada población para su tratamiento. Aunque insisto en que el agua no tiene valor, no es un bien comercial. También tenemos establecido un precio por la depuración, para que se sepa que el que contamina paga. Es un precio único para todas las aguas que se tratan y que no repercute excesivamente en las economías domésticas.