Tampoco habrá reunión mañana. Socialistas y populares han vuelto a retrasar la negociación del Estatuto de Castilla-La Mancha hasta después de las vacaciones de Semana Santa al no lograr avanzar ni un centímetro en un acuerdo sobre el futuro del Tajo-Segura, una conducción vital para el abastecimiento hídrico de Alicante. Por lo pronto, la ponencia que debía empezar a perfilar los términos definitivos del documento tenía que reunirse el 1 de abril pero el encuentro no ha sido incluido en el orden del día. Este nuevo aplazamiento se produce tras las dos manifestaciones convocadas en Elche y Murcia por los regantes y secundadas tanto por el PP valenciano como por el PSPV en las que se reclamaba la continuidad de la conducción a la provincia, que la propuesta del Estatuto manchego -avalada en su día tanto por José María Barreda como por la popular Dolores de Cospedal- pretende suprimir.
Los socialistas ya han advertido que el texto no saldrá adelante si el pacto con el PP se rompe. En ese caso, la reforma estatutaria se retiraría de la tramitación. Hoy por hoy, entre los dos partidos existe un acuerdo casi total y absoluto sobre el 90% del articulado. El problema sigue siendo las referencias al Tajo-Segura, explicaron fuentes conocedoras de los contactos.
En un momento de extrema debilidad del presidente Francisco Camps, implicado por el juez Baltasar Garzón en la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, la secretaria general del PP líder del partido en Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha intervenido directamente en los contactos para tratar de salvar el texto -también ha entrado en las conversaciones, aunque de forma muy discreta, el presidente del Congreso, José Bono- con una propuesta que incluiría una referencia en el preámbulo del documento, aunque sería extremadamente ambigua y con escaso valor legal, a la caducidad de la tubería en 2015.