El nuevo plan hidrológico del Júcar lleva meses de retraso porque debe reflejar la nueva ordenación de los ríos de acuerdo con un decreto que aún está por aprobar. El documento enfrenta a la Comunidad Valenciana con Castilla-La Mancha por el peso que tendrá cada una de esas comunidades autónomas en los futuros órganos de gestión de la cuenca hidrográfica del Júcar.

El conflicto ha generado un aluvión de informes de ambas partes dirigidos al Gobierno para defender sus posiciones. La Junta castellanomanchega ha enviado uno extenso para alegar, de momento sin éxito, que la cuenca vertiente a L’Albufera debe asumirla la Generalitat, lo que implicaría desligar el parque natural del Júcar y un sinfín de ramblas del área metropolitana de Valencia. A ello se oponen frontalmente el Consell y los regantes, que consideran que estos cauces y el lago de L’Albufera forman parte indiscutible del sistema del río Júcar.

El Gobierno tampoco apoya este planteamiento, y rechaza también que de la cuenca del Turia se desvinculen los barrancos del Carraixet y del Poyo, como pretende Castilla-La Mancha. En el núcleo del enfrentamiento por la delimitación de la demarcación del Júcar está la asignación de votos a cada comunidad autónoma. La Generalitat quiere conservar su actual mayoría, y así lo defiende ante el ministerio, mientras que la Junta castellanomanchega ve la ocasión de ganar peso si los valencianos pierden territorio dentro de la demarcación al quedarse sus ríos.

A ninguna de las dos partes ha gustado el reparto que propone el borrador del decreto, que pretende responder a la nueva realidad. La Comunidad Valenciana quiere más que la mayoría relativa que consigue, y Castilla-La Mancha no logra desbancar a la Generalitat en los órganos de gestión de la cuenca hidrográfica. La pugna sigue abierta.