La portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, aseguró ayer que si exigir los recursos y el agua para los castellano-manchegos es «ser extremista, se puede considerar que lo somos».
Rodríguez contestó así a las declaraciones de la ministra de Medio Ambiente -que el lunes dijo que se estaban empezando a superar posturas extremistas en relación al agua- y aseguró que el Gobierno regional seguirá luchando para reclamar estos derechos, aunque dijo que no busca ningún tipo de confrontación con otras regiones.
Por otro lado, Rodríguez explicó el recurso contencioso-administrativo que ha interpuesto el Ejecutivo contra el convenio suscrito el pasado 27 de mayo entre la Confederación Hidrográfica del Segura y el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura (Scrats), sobre la explotación de 24 sondeos y el aprovechamiento para el riego del agua extraída.
Lo que dijo el TS
Entre los argumentos que baraja el Ejecutivo para interponer este nuevo recurso, se considera que el convenio no tiene en cuenta el fallo emitido por el Tribunal Supremo en enero de 2009, por el que se anulaba -a raíz de otro recurso planteado por el Gobierno regional- el Real Decreto 1265/2005 de medidas excepcionales en determinadas cuencas hidrográficas, entre ellas la del Segura, «y además que se han omitido trámites esenciales como el de información pública o informes autonómicos, entre otros».
Además, Scrats no es una administración pública y por ello no se le pueden encomendar este tipo de gestiones, a lo que se añade la «aberración» medioambiental que supone la extracción de esos 30 hectómetros cúbicos de agua. De ellos, explicó Rodríguez, unos 18 están situados en territorio de Castilla-La Mancha, concretamente en la comarca albaceteña de Hellín, donde existen zonas sostenibles que se ven afectadas por las extracciones de agua, así como en la cuenca del río Mundo.
Finalmente, lamentó que el PP «pase del Estatuto» y dijo estar sorprendida por «la dispersión geográfica de algunas que dicen que el asunto está en el Congreso de los Diputados y sin embargo pretenden solucionarlo en Valencia y Murcia», añadió.
Por su parte, la portavoz parlamentaria del PP, Ana Guarinos, reprochó al presidente regional, José María Barreda, que «no levantara la voz» en el Comité Federal del PSOE del pasado sábado en defensa del Estatuto de Castilla-La Mancha.