La intención de Castilla-La Mancha de reservarse 6.000 hectómetros cúbicos de agua de cara a satisfacer necesidades futuras en su territorio no sólo chocaría con la Ley de Aguas, sino que contravendría directamente la Constitución, donde se establece que el agua es un bien de domino público estatal. Así lo ven las asociaciones de regantes y los expertos en la materia, que consideran que el Gobierno debe frenar la intención del Ejecutivo manchego, pues invade competencias que son exclusivas del Estado.
«La propuesta es aberrante desde el punto de vista técnico y jurídico, porque ni existen esos 6.000 hectómetros ni se ha concretado la cuenca de donde se extraerían, además de que no se conoce cuál es la demanda a cubrir», explicaba ayer el presidente de los regantes del Tajo-Segura, José Manuel Claver.
Una de las principales críticas al planteamiento castellano-manchego es que contraviene la Ley de Aguas, el reglamento jurídico encargado de la gestión hídrica del país, que en su artículo 4 establece que «corresponde al Estado la planificación hidrológica a la que deberá someterse toda actuación sobre el dominio público hidráulico». En cambio, la propuesta que se quiere incluir en el estatuto castellano-manchego «supondría una apropiación del agua, afectando al propio concepto de bien de dominio público, por lo que es un sinsentido», dijo Claver.
Además, en la ley de Aguas se establece la posibilidad de que se planifiquen reservas, aunque estas deben realizarse en una cuenca específica a través de las entidades encargadas de la gestión de sus recursos, es decir, las confederaciones hidrográficas, que dependen del Ministerio de Medio Ambiente. Por ejemplo, la Conferencia Hidrográfica del Tajo puede hacer una reserva de su caudal a través de su plan hidrológico de cuenca, que es la herramienta jurídica adecuada. En cambio, una comunidad autónoma no puede prever la existencia de un depósito de agua partiendo de los recursos de sus diferentes sistemas hídricos, como pretende Castilla-La Mancha. De hecho, para llegar al volumen previsto debería coger caudales de todas las cuencas hidrográficas de su ámbito territorial: Duero, Tajo, Guadiana, Segura, Júcar y Ebro. Y ni aún así, teniendo en cuenta que «no hay 6.000 hectómetros cúbicos susceptibles de ser reservados en Castilla-La Mancha», como explicó el director del Instituto Euromediterráneo del Agua y creador del Plan Hidrológico Nacional, Francisco Cabezas.
El experto introducía un matiz, ya que la Ley de Aguas permite reservas en los ríos siempre y cuando «corresponda a una actuación futura prevista e identificada». Sin embargo, la justificación manchega es genérica, y hace referencia a demandas sin especificar.
Cabezas explicaba ayer que los recursos hídricos manchegos alcanzan 7.000 hectómetros cúbicos, de los que 2.000 se dedican a abastecimiento interno y regadíos. Por lo tanto, si se cerrara el grifo del que se benefician el resto de comunidades (algo imposible), quedarían cerca de 5.000, mil menos de la previsión manchega, que a su juicio es «inviable». También argumentó que si las políticas territoriales entran a regular cuestiones hídricas, el artículo constitucional sobre el agua «queda vacío de contenido».
Lo que diga Madrid
Desde el Ministerio de Medio Ambiente rechazaron pronunciarse sobre la reserva, aunque sí se produjeron numerosas reacciones. Especialmente llamativa fue la de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien afirmó que los diputados de su partido votarán lo que diga la dirección nacional cuando el estatuto manchego, donde se prevé la reserva, llegue al Congreso. De esta forma contradice a Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación, quien afirmó que los valencianos «votarían con disciplina valenciana».
Cospedal, portavoz del PP en la comisión que negocia el desbloqueo del estatuto, admitió que la dirección nacional se reunirá con Camps y Valcárcel para acercar posturas, aunque avisó de que los diputados por Valencia y Murcia «votarán lo que establezca la dirección del PP».