Por si no estaba bastante enmarañado el debate del agua en España con la famosa reserva hídrica que Castilla-La Mancha pretende introducir en su nuevo Estatuto, la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura vino ayer a añadir más motivos para la polémica al aprobar lo que los regantes de la Comunitat Valenciana y los del Murcia ya han calificado como el primer «trasvase sin agua» de la historia. Y es que, en efecto, lo que esta entidad dependiente del Ministerio de Medio Ambiente acordó es que durante el primer trimestre del año en curso se transferirá agua del Tajo al Segura -como se viene haciendo desde hace 30 años- aunque sin concretar ni cuánta ni cuándo. Es comprensible, por tanto, el revuelo que la medida ha originado en las comunidades que pueden verse negativamente afectadas.

La excusa que ofrece la citada comisión para no fijar fecha ni cantidad del trasvase es una obra a ejecutar en Los Llanos, provincia de Albacete. Pero cuando al mismo tiempo está en discusión el intento de una comunidad, Castilla-La Mancha, por asegurarse una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos -que de aprobarse haría inviable el mantenimiento de la cíclica transferencia al Segura- es lógico que todas las alarmas se disparen y que cunda la sensación de que la Comunitat Valenciana puede verse nuevamente perjudicada en este litigio que sobre el agua se vive en España desde hace años. La derogación del trasvase del Ebro por parte del Gobierno de Rodríguez Zapatero ya supuso un duro golpe para las aspiraciones valencianas de contar con un modelo hídrico que garantizase su desarrollo. Ahora, los contínuos obstáculos en el Tajo-Segura llenan de nubarrones de inquietud el panorama de la solidaridad interterritorial. Pero mientras el Ejecutivo central no se decida a hacer lo que debería hacer, y a lo que está obligado por la Constitución, es decir, a coordinar una política hídrica para todo el Estado, los problemas se irán sucediendo, los localismos seguirán imponiéndose y los peligros para la Comunitat irán en aumento.