El Ministerio de Medio Ambiente alegó ayer una avería «que obliga a la interrupción del trasvase» para no cuantificar el agua a enviar del Tajo al Segura. La Comisión Central de Explotación del Acueducto aprobaba «un trasvase de agua para abastecimiento humano y para riego de socorro para el trimestre de enero a marzo», sin concretar cantidades. Oficialmente, la cuantificación de este trasvase se hará cuando finalicen las obras de reparación de una avería en la conducción en Albacete que, según el ministerio, impide el trasvase y «que no deben alargarse más de dos meses».
El Ministerio de Medio Ambiente aseguraba que «de este modo se garantiza» el abastecimiento a la población atendida por el Taibilla, así como la supervivencia de las plantaciones leñosas. A su vez, insistía en que la interrupción del trasvase se hacía «por motivos técnicos», al tener que ejecutarse las obras de emergencia para las tomas en el acueducto Tajo-Segura de la zona regable de los Llanos de Albacete.
La justificación oficial no ha agradado a los regantes alicantinos. El portavoz de la Comunidad Riegos de Levante, Ángel Urbina, afirmaba ayer a este periódico que «el Gobierno incumple, una vez más, la legislación para no molestar a Castilla-La Mancha en pleno debate sobre su estatuto». Y, además, lo hace «impiendo a los agricultores poder planificar los cultivos y las inversiones que tienen que realizar de aquí a marzo». Según Urbina, se «inventan» una rotura para no concedernos el trasvase que, «por ley, tienen que aprobar».
Según el portavoz de los regantes, «una vez más somos los agricultores los que vamos a pagar los platos rotos. Otra vez están primando las cuestiones políticas sobre las técnicas y ante esta situación es el regante el que no sabe si este año debe o no plantar o si será rentable invertir en la modernización de sus campos».
Los regantes se sienten «ofendidos» por la «maquiavélica» decisión de ayer de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura. También por el discurso «light», según Urbina, de los presidentes Camps y Valcárcel. «Estamos ya hartos de los políticos y exigimos que nos digan claramente lo que debemos hacer, si debemos dejar perder todas nuestras tierras y apuntarnos al paro».
Los presidentes de la Comunidad Valenciana y Murcia «no defendieron a los regantes y exigimos que nos digan qué hacer», apunta Ángel Urbina, quien recuerda que «ya dijimos que el Ebro se inundaría y que serían necesarios desembalses. Reclamamos que nos tengan en cuenta y que se retome el Plan Hidrológico Nacional».
Por otro lado, la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) decidía mantener las restricciones del 25 por ciento en los derechos de riego, a pesar de que las lluvias del último mes han contribuido a mejorar la situación de la cuenca. El presidente de la CHS, José Fuentes Zorita, explicaba que mantendrán la política de «prudencia».