La ejecución de un nuevo Plan Hidrológico del Júcar adaptado a los objetivos medioambientales marcados por la Directiva Marco del Agua y que garantice al mismo tiempo las demandas existentes sin más trasvase que el del Júcar-Vinalopó y ofrezca una cierta seguridad frente a fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones tendrá un coste aproximado de 4.500 millones de euros, según se dijo ayer durante la presentación en Valencia del «Esquema provisional de Temas Importantes» (EpTI) en el que se basará la nueva planificación hidrológica.
La jornada contó con representación de decenas de instituciones y de los cuatro gobiernos autonómicos afectados: Generalitat Valenciana, Generalitat de Cataluña, Gobierno de Aragón y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El director general de Agua, José María Benlliure, pidió que el nuevo Plan de cuenca sea » capaz de definir cómo va a satisfacer las necesidades de los usuarios y de los diferentes sectores económicos sin que tengan que asumir costes adicionales que conviertan sus actividades en insostenibles».
Mientras, el representante de Aragón, Rafael Izquierdo lanzó un discurso reivindicativo sobre la «importante» contribución del territorio aragonés a los recursos de la demarcación Júcar, donde Teruel es cabecera de los rios Júcar y Mijares. Según Izquierdo, que se limitó a dejar constancia de este hecho, sin reclamar más caudales para su región, los tramos aragoneses de ambos ríos aportan una media anual de 450 hm3.
El presidente de la CHJ, Juan J0sé Moragues, aseguró que el Esquema de Temas Importantes «sintetiza» el conocimiento existente sobre la cuenca del Júcar y realiza algunas propuestas que se complementarán en el proceso de participación pública.
Mientras tanto, el director de la oficina de Planificación Hidrológica, Javier Ferrer, subrayó las cuatro lineas maestras del plan que tiene en las satisfacción sostenible de las demandas y la recuperación objetiva del «buen estado» de las masas de agua sus principales objetivos. Moragues dijo que el proceso de participación pública era una oportunidad para que el documento final no sea «ni un plan de laboratorio ni de despacho» y añadió que las posibilidades de que las sugerencias de ciudadanos e instituciones sean incorporadas al plan «no dependen de que vengan de una asociación u otra, sino de que lo que se proponga tenga sensatez».
