El Centro Regional de Estudios del Agua de la Universidad Regional aportará los datos y argumentos que sostengan la gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha en esta materia. Ayer, el consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Julián Sánchez Pingarrón, y el vicerrector de Investigación, Francisco Quiles, firmaron el convenio que articula esta colaboración.

Sánchez Pingarrón explicó que este convenio es «un instrumento necesario y útil para defender los derechos de Castilla-La Mancha desde la reflexión, la investigación y el conocimiento de las necesidades y recursos».

Quince investigadores, dirigidos por Fernando Ortega y con participación del director del CREA, José María Tarjuelo, se encargará, indicó Quiles, en este asesoramiento de la Administración regional, contribuyendo a la toma de decisiones en esta materia. Recordó la importancia del agua como motor del desarrollo, y la complejidad de su gestión en un territorio como el de Castilla-La Mancha, con siete demarcaciones hidrográficas.

Añadió que se trata de contribuir a que se haga una planificación hidrológica que asegure el futuro de Castilla-La Mancha y de España. Comentó que «hay que empezar a evitar, desde ahora, los efectos que provocará la próxima sequía».

El consejero recordó que se trabaja en la renovación de la planificación hidrológica, una labor que requiere gran cantidad de estudios, «por lo que es importante contar con un equipo de primera categoría» como apoyo. Además, dijo, se trabajará también en la definición del ámbito territorial de las cuencas. Sánchez Pingarrón destacó que otra de las labores del equipo de trabajo es apoyar los estudios sobre la situación del Trasvase Tajo-Segura, «ya que mientras se hace la reivindicación política de que el agua del Tajo hace falta en Castilla-La Mancha, a la vez por la vía práctica vamos estudiando las necesidades de agua del Tajo en Castilla-La Mancha, para hacer ver que no es posible mantener más años ese trasvase».

Explicó que el convenio permitirá profundizar en el estudio de las demandas hídricas, hacer un seguimiento e informes periódicos sobre el Trasvase; y estudios sobre asuntos como asignaciones y usos del agua, análisis de aspectos ambientales, obras hidráulicas, regadíos, o disponibilidad para los distintos usos.

El convenio cuenta con una asignación económica de 357.000 euros, de los que casi 200.000 son de la consejería regional.