Esta vez parece la definitiva. Los socialistas quieren salvar el Estatuto de Castilla-La Mancha y le ofrecen al PP defenderlo juntos, como ya hicieron en las Cortes autónomas para aprobarlo. Hoy termina el plazo que se dieron el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio Alonso, y la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Saénz de Santamaría, para que ésta responda si está de acuerdo con el documento que le entregó la pasada semana, un borrador que trata de armonizar los intereses de los castellanomanchegos con los de valencianos y murcianos, y que incluye cesiones por parte de todos. Si el PP no acepta, la dirección del PSOE ha decidido empezar su tramitación en la Comisión Constitucional y recabar el apoyo de otros grupos, algo con lo que ya amagó en noviembre.
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Si los populares no asumen el texto, el PSOE negociará con los nacionalistas
Los socialistas, que en septiembre pasado aceptaron retirar la caducidad del trasvase al Segura en 2015, fijaron después el establecimiento de una reserva hídrica de 6.000 hectómetros cúbicos para los castellanomanchegos. Esto supone el doble de lo que la comunidad consume al año. La reserva se distribuiría entre todas las cuencas de la comunidad (Tajo, Guadiana, Júcar, Segura, e incluso partes en el Duero y el Ebro) y es similar a la que tiene Aragón en su estatuto, aunque no se aplica porque Medio Ambiente la considera inviable. El secretario de Estado de Agua, Josep Puxeu, declaró que la cifra de 6.000 hectómetros hacía «daño a la vista». En el nuevo texto, el PSOE deja esa reserva en 4.000 hectómetros.
Estas variaciones tienen el visto bueno del presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, y han sido discutidas con la dirección del PSOE. El acuerdo se cerró la pasada semana en una reunión dirigida por la secretaria de Organización, Leire Pajín, y el texto lo elaboró el responsable de Política Autonómica del PSOE, Gaspar Zarrías.
Con la rebaja, el PSOE trata de «facilitar» al PP nacional y a Dolores de Cospedal que puedan aceptar el texto, frente a las presiones, hasta ahora con éxito, de los presidentes de Murcia y Valencia, del PP. Éstos se oponen a modificar las condiciones del trasvase del Tajo al Segura.