Nada que ver la bronca por los sueldos, con el sosegado debate acerca del derecho que Albacete tiene a beber agua del Júcar sin tener por qué pagar ni un céntimo a los dueños del embalse de Alarcón, es decir, los regantes valencianos e Iberdrola, por coger agua de la presa en tiempos de sequía.
El PSOE pidió, y consiguió, el respaldo político de Partido Popular e Izquierda Unida en este asunto; aunque el equipo de gobierno ya había anunciado días atrás su intención de recurrir al Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Valencia que condena al Ayuntamiento de Albacete a pagar más de un millón de euros a la USUJ (Unión Sindical de Usuarios del Júcar) por haber tomado agua de Alarcón entre 2005 y 2008, cuando el embalse estaba por debajo del volumen de reserva mínimo.
«Hay que recurrir, porque Albacete en este asunto no puede dar ni un paso atrás, el agua para beber debe estar fuera de todo comercio», dijo el concejal del PP, Juan Marcos Molina. Mientras que la portavoz de IU, Rosario Gualda, respaldaba el recurso al Supremo por entender que la sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar es «indigna».
El recurso, según explicó el concejal de Sostenibilidad, Ramón Sotos, se basará en que el propio actual Plan del Júcar fija en su artículo 8 que primero es el agua para beber, después para regar y luego para los usos hidroeléctricos.
Lo que no logró IU es que el pleno fuese más allá. Gualda opinó que éste era un buen momento para pedir además que se elabore un nuevo Plan del Júcar y que se derogue el convenio de Alarcón, el origen de todos los males, pues es ahí donde el Ministerio de Medio Ambiente admitió a los regantes valencianos fijar ese volumen de reserva y el derecho a cobrar indemnizaciones.
Prudencia
Pero Ramón Sotos le dijo que no. Y no porque no compartiese su posición, si no por «prudencia»; de hecho, pidió «comprensión» al PP y a IU, pues según desveló ya habían tenido reuniones con la Confederación del Júcar y la USUJ para «interpretar» el convenio de Alarcón «sin perjudicar a los intereses de Albacete».
Eso sí, Sotos se comprometió a mantenerles informados de las negociaciones y aseguró que «no nos levantaremos de la silla» hasta que no logren un acuerdo satisfactorio.
Sobre el nuevo Plan Hidrológico del Júcar, el concejal detalló que si se la revisión de este documento lleva un año y medio de retraso con respecto al de otras cuencas, se debe a que la Junta de Comunidades recurrió un decreto de 2007 donde no se dejaba claro la demarcación de la cuenca. Recordó, a este respecto, que ya en 2004 el Supremo dijo que las cuencas intracomunitarias de la Comunidad Valenciana debían excluirse de la cuenca del Júcar.