El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado hoy, con los votos a favor del PP y en contra de la oposición, instar al Gobierno valenciano a continuar los esfuerzos para impedir que se establezca «reserva hídrica alguna que no esté contemplada o legitimada en un Plan Hidrológico Nacional».

El texto, presentado por el PP, también señala que el Ejecutivo valenciano instará al Gobierno central a mantener el trasvase Tajo-Segura «conforme a las leyes que regulan en la actualidad» esa transferencia, a retomar el derogado trasvase del Ebro y a convocar una Conferencia de presidentes autonómicos sobre el agua.

La oposición ha reprochado al PP que mezcle en el texto «de forma premeditada» cuestiones distintas para «imposibilitar» un acuerdo sobre el agua, y ha ofrecido sacar la parte referida al Tajo-Segura y aprobarla, porque según ha dicho el PSPV no van a aceptar ninguna reserva ni fecha de caducidad que vaya contra los intereses valencianos.

El PP ha acusado a la oposición de perder «una ocasión excepcional» para votar a favor de la postura de la «inmensa mayoría» de los valencianos, y ha recibido la aprobación de la proposición con aplausos de sus diputados puestos en pie, igual que los representantes de la federación de regantes de la Comunitat presentes en la tribuna de invitados.

Por otra parte, el pleno ha aprobado, con los votos del PP, el informe de la Sindicatura de Comptes de 2008, que la oposición ha rechazado al no haberse investigado a ninguna de las empresas públicas supuestamente relacionadas con el caso «Gürtel».

El diputado del PP José Marí ha defendido el informe de la Sindicatura por haber sido aprobado «por unanimidad» de los tres síndicos que conforman su Consejo, incluido por el que propuso el PSPV.

Para el diputado popular, el informe resalta «notorios avances» en la mejora de la gestión y el control interno de las cuentas de la Generalitat, y vuelve a llamar la atención sobre las «deficiencias estructurales» que presenta la financiación del sistema sanitario valenciano.

La socialista Cristina Moreno ha tachado el informe de «impresentable» y ha criticado que el president de la Generalitat, Francisco Camps, lo haya usado «como escudo defensivo» durante el año pasado para «todo de lo que se le ha acusado» relacionado con el caso «Gürtel» y la relación del Consell y del PP con las empresas de la trama corrupta.

Pese a todo lo que se ha ido conociendo de la investigación judicial y policial, según la socialista, «la Sindicatura hace como que no se entera y no fiscaliza la Agencia Valenciana de Turismo» ni ninguna de las otras empresas públicas de la Generalitat con vínculos contractuales con Orange Market u otras mercantiles supuestamente implicadas en el caso «Gürtel».

Para Mireia Mollà (Compromís), la Generalitat vive en un «universo paralelo» al impedir a la Sindicatura acceder a «todos» los contratos que avalen la legalidad de la gestión de la Generalitat.

El pleno también ha aprobado, por con votos a favor del PP y el PSPV, en contra de Compromís y la abstención de EU, la ley de la Administración electrónica de la Comunitat Valenciana, que desarrolla el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las Administraciones públicas.

El texto pretende sustituir el papel por el documento electrónico, el registro físico por el electrónico y la ventanilla sujeta a horarios por el portal permanente, y permitirá que antes de fin de año todos los procedimientos que se tramiten con la Generalitat se podrán iniciar por internet.

El PP ha reivindicado que la ley va a suponer una «revolución social», el PSPV la ha apoyado tras asumirse sus propuestas de garantizar la relación de los ciudadanos con la Administración electrónica, y Compromís y EU han cuestionado que no se haya incluido el fomento del software libre y la libertad de elección tecnológica.