El Tribunal Supremo ha reprochado al Gobierno de Castilla-La Mancha que utilice motivaciones «exclusivamente políticas» para oponerse sistemáticamente a los desembalses de agua del Tajo para los regadíos del Segura. Por ello, aconseja que ese tipo de razones queden al margen de los tribunales.

Así figura expresamente en la última sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, del Tribunal Supremo, sobre uno de los habituales recursos de Castilla-La Mancha contra los desembalses. En este caso se trata de un envío de socorro de 11 hectómetros autorizado por el Consejo de Ministros en febrero de 2007, en plena sequía. Otros 11 hectómetros se enviaron para dar de beber a la población.

La sentencia -difundida ayer por el Gobierno murciano- sostiene que el Consejo de Ministros autorizó ese pequeño desembalse para evitar pérdidas irreparables en la agricultura. Asimismo, indica que ese volumen era «legalmente excedentario», a la vista del agua que había en ese momento almacenada en Entrepeñas y Buendía, que era de 306 hectómetros. El Tribunal Supremo lanza asimismo una velada reprimenda al Ejecutivo de Castilla-La Mancha. Indica que el recurso contencioso administrativo «está inspirado en razones exclusivamente políticas, como las que han movido a la Administración autonómica» a recurrir «sistemáticamente todas las decisiones de trasvase para riego acordadas desde hace unos años sin entender que esas razones deberían quedar al margen de los tribunales».

Mientras, la realidad de las cifras sigue avalando la continuidad del Tajo-Segura: la cuenca cedente, cuyos embalses se hallan al 78,1% de su capacidad, ha ganado 205 hectómetros cúbicos en una semana, hasta rozar los 8.600. Un volumen que supone once veces y media el del Segura. El jefe del Consell, Francisco Camps, y su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, se reúnen hoy en Orihuela tras el éxito de su frente común contra la reserva del Estatuto castellano-manchego.