El presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, denuncia la «opacidad» que busca Murcia sobre el uso del agua del trasvase Tajo-Segura y asegura que existen en esa comunidad «20.000 hectáreas ilegales de regadío», una superficie que aumenta cada año «de forma irregular».

Barreda, en una entrevista con Efe, se queja de que en Murcia hay una «demanda ilimitada» de agua y de que con agua del trasvase «se riegan campos de golf», como, afirma, ha demostrado un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha.

«Dicen que se riegan con agua de las depuradoras, pero hemos demostrado que hay campos de golf donde no hay depuradoras o no funcionan», añade el jefe del Ejecutivo de Castilla-La Mancha, quien recuerda que su Gobierno exige de forma permanente que se delimite la zona regable del trasvase.

El presidente castellanomanchego analiza en la entrevista los motivos por los que no ha salido adelante la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y concluye: «La cuestión de fondo es que contra intereses no valen razones y en Murcia tienen mucho interés en que se mantenga el trasvase y en que haya opacidad sobre el uso del trasvase y el destino final del agua».

Barreda culpa a la presidenta regional del PP, María Dolores de Cospedal, del fracaso del Estatuto, pues -opina- no fue capaz de mantener su discurso antitrasvasista una vez que fue nombrada secretaria general del partido.

De hecho, plantea que ese cambio de postura se produjo «como si hubiera habido un pacto» con los presidentes de la Generalitat Valenciana y la Comunidad de Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, respectivamente, y recuerda que fueron ellos los que respaldaron a Mariano Rajoy en el Congreso de Valencia de junio de 2008.

El presidente castellanomanchego lamenta también que Cospedal rehusara reunirse con él para hablar sobre el Estatuto de Autonomía, que previamente habían pactado, pero sí lo negociara con Ramón Luis Valcárcel.

A su juicio, en el debate sobre el agua, en el que la cuestión territorial pesa más que la ideológica, «todo el mundo ha hecho lo que se esperaba de ellos», menos Cospedal, que «ha acabado defendiendo a Murcia».

Asegura que, «por supuesto», intentará de nuevo sacar adelante la reforma si gana las próximas elecciones autonómicas, para lo que será necesaria «una mayoría todavía más amplia, para tener más fuerza».

Lo que él no hará, declara, es «consensuar» el texto con Valcárcel si ello supone devaluar el Estatuto, pues tienen «intereses contrapuestos».

Barreda manifiesta que le parece «muy bien» que haya un pacto nacional sobre el agua en España -un asunto que el Gobierno central ha vuelto a poner sobre la mesa esta semana-, pero exige coherencia y que «no se mida con varas de medir diferentes a unos y a otros».

En este contexto, se queja de que ahora, en el debate sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha, «todo el mundo» se vuelva «coherente y racional» y defienda las competencias del Estado en materia de agua.

Barreda pregunta por qué la reserva hídrica era constitucional en el Estatuto de Aragón e inconstitucional en el de Castilla-La Mancha y por qué se olvida que Andalucía se arrogó las competencias exclusivas sobre el Guadalquivir o que la Comunitat Valenciana se atribuyó derechos sobre las aguas excedentarias de las cuencas limítrofes.

Por último, el presidente regional lanza una pregunta en el debate del agua: «¿El desarrollo sostenible que queremos para España pasa por una periferia superpoblada, completamente urbanizada, alicatada hasta la playa y un centro desértico con el oasis de Madrid?».